La Audiencia de Granada ha trasladado al Arzobispado de Granada que no tiene "nada que objetar" a que se reactive la investigación interna que en su momento emprendió la Iglesia Católica a raíz de que un joven acusara al padre Román M.V.C. de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad, un procedimiento judicial del que el sacerdote ha salido absuelto.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso, después de que el letrado del Arzobispado, que está personado como responsable civil subsidiario en el conocido como 'caso Romanones', presentara un escrito pidiendo a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que le confirmara si, una vez concluido el proceso penal, puede continuar con el proceso canónico que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada solicitó paralizar en noviembre de 2014 en un auto en el que también declaraba secretas las actuaciones.
La Audiencia de Granada finalmente absolvió al padre Román del delito de abuso sexual que le atribuía este joven tanto por la falta "total y absoluta" de pruebas contra él como por la "inconsistencia del relato" del denunciante, que, a juicio de la Sala, incluyó "graves contradicciones" y aspectos "absolutamente inverosímiles".
Aunque el denunciante ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, el letrado del Arzobispado entendía que "carece de justificación la suspensión de actividades internas, conforme a la propia normativa de la Iglesia Católica" y solicitaba a la Audiencia que le confirmara este extremo.
La Sala le ha respondido, tal y como avanza este viernes el diario 'Ideal', que no tiene nada que objetar por cuanto la orden de suspensión de la investigación interna de la Iglesia "se realizó por no perjudicar el secreto acordado y a la investigación judicial en curso".
Entiende así el tribunal que la orden de suspensión del proceso canónico cesó cuando se levantó el secreto de sumario, por lo que desde entonces hay vía libre para continuar con el proceso interno en torno al padre Román.
DOCTRINA DE LA FE
Cuando el arzobispo de Granada, Javier Martínez, declaró como testigo en el juicio del llamado 'caso Romanones' afirmó que "jamás" se le había trasladado "la más mínima sospecha de una conducta sexual inapropiada" del padre Román.
El prelado afirmó que tras tener conocimiento de la denuncia por abusos se puso a disposición del denunciante. Aunque sacó los billetes para trasladarse a Roma, fue informado de que la Santa Sede ya estaba al tanto del asunto y, de hecho, fue decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe apartar del ejercicio pastoral al padre Román y dos sacerdotes más como medida cautelar.
El arzobispo incidió en que él no era competente para investigar los hechos, pues debe hacerlo la citada congregación, por lo que se limitó a tomar declaración a estos sacerdotes bajo secreto pontificio y sin revelarles la identidad de los denunciantes, en el marco de las indagaciones que realizó sobre este asunto.
En la documentación que remitió posteriormente a la Congregación para la Doctrina de la Fe definió la denuncia del joven como "verosímil" y agregó que, de confirmarse los hechos, esto "explicaría ciertas actitudes del grupo", del que había recibido quejas por su carácter "hermético". No obstante, matizó que el expediente se centraba en los hechos denunciados y solo recogía una "investigación previa" y "no concluyente" de los mismos, en el marco de expediente canónico que entregó al Juzgado de forma "voluntaria" tras recibir autorización de sus superiores.
