El exasesor jurídico del PSOE de Marbella, Jaime Olcina, y uno de sus hermanos ocultaron 1,5 millones de euros en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El abogado y su familiar ingresaron esta cantidad en efectivo.
Después, comunicaron a la institución financiera del Principado –donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario- su intención de depositar hasta cinco millones de euros más para una supuesta “operación de financiación inmobiliaria”. Cuando la BPA requirió a sus clientes documentos para acreditar la transacción, estos no volvieron. La información consta en un acta confidencial de la entidad que analiza el riesgo de blanqueo en las operaciones.
El abogado prestó servicios a este consistorio de la Costa del Sol. El ayuntamiento presidido por el socialista José Bernal le fichó como asesor externo del área de Proyectos Estratégicos entre 2015 y 2016. Bernal abandonó el cargo el pasado 1 de septiembre tras una moción de censura que permitió a la popular Ángeles Muñoz recuperar la alcaldía.
Según el País, Olcina reaccionó así cuando este periódico le leyó el acta de la BPA: “Me pilla de nuevas. Es bastante significativo lo que dice. Voy a cortar la conversación. Adiós”. Y colgó.
El letrado negó en una segunda conversación tener una cuenta en la BPA, rechazó mantener relación con esta entidad a través de sus empresas y redujo su vínculo con el Principado al “veraneo”. Sobre la operación inmobiliaria que describen las actas internas, zanjó: “Llevo 20 años haciendo operaciones en Marbella”.
La mención al letrado aparece en un acta titulada “Jaime Olcina”. El documento tiene el epígrafe “Análisis de la operatoria”. Y describe así el perfil de los clientes: “Dos hermanos, uno vive en Panamá y otro en Marbella. Los clientes han hecho un ingreso en efectivo de 1.000.000 euros y 500.000 euros. Querían ingresar hasta 5M para una operación de financiación. A través de una sociedad andorrana querían hacer una ampliación de capital de una sociedad española para comprar un préstamo del Banco Santander que tiene como garantía hipotecaria una finca”, recoge el escrito.
El texto prosigue: “Los clientes han aportado documentación relativa a las fincas embargadas, un contrato de gestión urbanística y documentación relativa a la recalificación de las fincas. Solicitamos al cliente que el resto del dinero llegue desde un banco. Y la documentación correcta justificativa, de lo contrario no se aceptará”.
Olcina y su hermano no volvieron a contactar con los empleados de la entidad tras conocer las condiciones. “Los clientes no han vuelto, el plazo de 90 días finaliza el 30 de abril. Comentaremos con Paquito y Cristina”, zanja el texto.
El exalcalde del municipio malagueño José Bernal reconoce que Olcina “sigue asesorando al PSOE como abogado”. “Nos ayuda desde hace más de una década. Sabe bastante de Derecho”, admite.
La conexión de Olcina con la política de la Costa del Sol se remonta a 2003. El letrado figuraba entonces como patrón en una fundación presidida por la ex primera teniente de alcalde del municipio Isabel García Marcos, condenada en 2013 a tres años y seis meses de prisión y a una multa de 700.000 euros por el caso Malaya.
El diario El Mundo informó en abril de 2016 que Olcina manejó dos sociedades en Panamá y una fundación de interés privado. El abogado calificó entonces esta última entidad de “transparente”. Justificó su existencia en el marco de la gestión de donativos de su familia a la Iglesia de Panamá. "Tenemos familia en Panamá, donde vamos desde 2006", indicó.
Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la BPA. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
