El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz manifiesta su “asombro”, al haber recibido por parte del alcalde de San Roque comunicación en la que le manifiesta que el Ayuntamiento, por pleno municipal, ha renunciado a la concesión administrativa otorgada en su día por la Junta de Andalucía para la construcción de dos espigones en Sotogrande, en cuyo caso en la concesión se autorizaba a la extracción de áridos para regenerar la playa allí existente, arena procedente del río Guadiaro.
Agustín Muñoz lamenta que nuevamente “el alcalde, Ruiz Boix, insista en su línea de polemizar permanentemente con la excusa del río Guadiaro”, recordándole al regidor municipal que “conoce perfectamente que la renuncia debe manifestarla expresamente ante la administración que se la concedió, la Junta de Andalucía”.
Muñoz Martín reitera de nuevo su “sorpresa” al comprobar que Ruiz Boix “se mantiene en su postura de polemizar sin motivo ni causa alguna contra el Gobierno de España”, porque en varias ocasiones, desde la Demarcación de Costas y desde la propia Subdelegación “nos hemos manifestado bien alto y claro cómo debe ejercer su derecho a renuncia y ante la administración competente.
El subdelegado recuerda que en julio pasado la Demarcación de Costas le informó que “la renuncia a la concesión sólo podrá llevarse a cabo siempre que sea aceptada por la administración competente, extremo que no se ha llevado a cabo, ni consta se haya solicitado formalmente ante la Consejería de Medio Ambiente, ni que se haya solicitado el informe preceptivo a esta Demarcación de Costas”. También se le recordó entonces que, una vez aprobada el acta de reconocimiento final de las condiciones recogidas en el pliego de adjudicación de la concesión, el concesionario estaba obligado a “entregar las obras e instalaciones al dominio público estatal o levantarlas a su costa, dejando en este último caso el terreno total o parcialmente libre de ocupación”.
Y la última vez que Costas ha reiterado la normativa ha sido este pasado lunes, día 16, con un escrito oficial en el que se le recuerda al Ayuntamiento que “la administración competente de acuerdo con lo establecido en el RD 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la AGE a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral es la Junta de Andalucía, a quién debería dirigir su solicitud y quién debe resolver, previo informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costas y del Mar y dictámen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
“Parece increíble –subraya el subdelegado-, que un alcalde no sepa que la renuncia de una concesión ha de ser aceptada por quien se la otorgó, que fue la Junta de Andalucía. En todo caso –prosigue Agustín Muñoz-, que al menos se dirija a la administración autonómica, que será la que explique cómo tiene que hacerlo”, abundando en que “no obstante, de oficio, y ya que parece que el señor Ruiz Boix no tiene interés en trasladarlo, desde Costas se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente su escrito”.
Reclamación de costes
Del mismo modo, Agustín Muñoz insta a Ruiz Boix a que “de una vez por todas” se dirija a la Junta de Andalucía como administración competente en materia medioambiental, tras conocer que ha reclamado a Costas 14.290’10 € en concepto de costes del Ayuntamiento por las actuaciones de apertura del río Guadiaro para abrirlo.
“Ya está bien de intentar confundir a los vecinos”, afirma Muñoz, “ya que no tiene argumento alguno ni justificación para seguir reclamando a la única administración que sí ha ejercido sus competencias con San Roque en materia de costas”, frente a la que “no ejerce sus competencias propias ni se le reclama desde el Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento ha informado a Costas que ha actuado reabriendo el Guadiaro cuando se ha cerrado debido a la situación de insalubridad provocada por la mortandad de peces, a su vez causada por el cierre de la desembocadura.
Ante ello, Costas reitera sus argumentos en base el referido informe de la Abogacía del Estado, fundamentado en diversa normativa como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía o normativa del propio Tribunal Constitucional, concluyendo que dicha actuación se incluye “dentro de la competencia autonómica de conformidad con el artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía”.
Además, Costas ha informado al Ayuntamiento de San Roque que los dragados que ha realizado deben contar con autorización previa de la Junta de Andalucía, desconociendo hasta la fecha si los mismos se han realizado con dicha autorización “o una declaración ambiental integrada”. También se requiere la correspondiente a la condición demanial del estuario. Si no fuera así, ese Ayuntamiento puede haber incurrido en infracción administrativa grave por la extracción no autorizada de áridos, sancionable con una multa de hasta 300.000 euros.
El subdelegado insiste “en que siempre hemos colaborado y tenemos la mano tendida para trabajar por y para los vecinos de San Roque, pero Ruiz Boix debe acabar con su campaña permanente de confusión y dirigirse a la administración que sí debe actuar en el río y, en su caso, reclamarle”, poniendo como ejemplo de esa colaboración los 70.000 m3 de arena que Costas ha empleado para regenerar las playas de San Roque entre los años 2016 y 2017.
