Cobarde, fascista, corrupto son algunas de las palabras con las que se levantaba la sesión de la Junta General de la sociedad Cádiz 2000, donde se abordaban varios asuntos: la paralización del proceso de municipalización, la petición de informes al jefe de personal sobre la situación en la que deberían quedar las trabajadoras de la limpieza de módulos, después de que no se les haya subrogado, así como el informe de intervención y tesorería sobre la existencia o no de transferencia de crédito a Cádiz 2000 para atender las nuevas obligaciones que suponen la municipalización, así como el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial al presidente de Cádiz 2000.
En primer lugar se cambiaba el orden del día y se abordaba en el debate de la junta general la necesidad de realizar los informes, a lo cual no se negaba el equipo de Gobierno. A partir de la aprobación de estos informes por parte del PSOE, PP y Ciudadanos, desde las filas socialistas, el portavoz municipal, Fran González, apostaba por “condicionar la paralización de la municipalización a tener esos informes”. A ello, el alcalde indicaba que “haciendo suya la propuesta del PSOE, se deja sobre la mesa la paralización de la municipalización y se abordará cuando tengamos los informes pertinentes”. El alcalde afirmaba basarse en el artículo 64 del reglamento orgánico.
Los populares montaron en cólera. Según el portavoz del PP, Ignacio Romaní, “se ha violado el artículo 23”. El alcalde insistía en que se levantaba la sesión, pero los populares se negaban a dejar el salón de Plenos porque era “una burrada y una cacicada”. La secretaria municipal daba lectura: “El artículo 14 de los estatutos de la sociedad establece que el funcionamiento de la Junta se regirá por la Ley Reguladora de Bases de Régimen local y el reglamento orgánico”. A ello añadía el artículo 64 de ese reglamento donde decía que “cualquier concejal podrá solicitar que la propuesta se retire, quedando sobre la Mesa, en tal caso, el Presidente podrá sin más, así declararlo”, o como indica el articulado “declarar de urgencia la propuesta y ordenar su debate y votación”. A este respecto, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao declaraba que “el alcalde lo ha dejado sobre la mesa usando dos leyes que no son de aplicación a esos efectos. Debería de haber utilizado la ley de Sociedad de Capital en su artículo 14”. Según Pérez Dorao, esta decisión del regidor “es contraria a derecho y conculca el derecho de los accionistas. El alcalde ha hecho un acto contrario a derecho que pueden derivar a responsabilidades en su contra”.
Mientras las trabajadoras de los módulos pedían los informes, la bancada popular se enfrentaba al equipo de Gobierno, llegando la bronca a los pasillos de la Casa Consistorial.
Pérez Dorao declaraba tras la Junta General que “no se conoce ni resolución ni acuerdo de carácter ejecutivo relativo a la puesta en marcha del proceso de municipalización”. Asimismo, también declaró que si “se hubieran excedido en su gestión y sus actuaciones hubieran generado un perjuicio económico, debería realizarse una reclamación patrimonial de la sociedad”. Por su parte, Fran González insistía que desde su grupo están a favor de la municipalización pero “con garantías”. Por ello repasó cuestiones como que “no hay documento de subrogación, sino una carta de despido de la empresa, sellada por el presidente de Cádiz 2000”. También se pusieron sobre la mesa asuntos como las horas extra y las complementarias y su cotización en la Seguridad Social, el material de playa o el abono de la antigüedad, que no figura. Asimismo, “los 200 euros que se prometieron para igualarlas con el resto de limpiadoras del Ayuntamiento no se han abonado”.
Mientras tanto, el presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, afirmaba que las trabajadoras eran subrogadas con fecha de 1 de septiembre. En cuanto a las horas extras “no procedían porque ninguna de las trabajadoras tenía jornada completa”. Desde el Gobierno local estaban de acuerdo con que se realizasen los informes aunque no con la “literatura del orden del día de la Junta General”. Añadió que los populares lo que quieren es “meter miedo a las plantillas y judicializar los acuerdos que se tomen”.
Por su parte, desde el PP anunciaba que esta mañana se presentaba una denuncia ante el Tribunal de Cuentas solicitando que actúe para esclarecer la situación, así como ordenen “la práctica de las diligencias de investigación oportunas a los posibles delitos, a su gravedad y a la posible alarma social”. Como hechos destacan la propia municipalización de los servicios de playa por parte de Cádiz 2000, irregularidades en el proceso como que no consten modificaciones presupuestarias, o que no haya acuerdo ni del consejo ni de la junta general para que el presidente de la sociedad adopte acuerdos de manera “unilateral”. También consideran que existe fraude de ley “a través de la modificación del cambio de objeto social”, así como que no exista un informe económico o que se viole la Ley de Contratos del Sector Público.
También recordó que las trabajadoras deberán presentarse a un proceso de selección y desde el PSOE matizaron que es preocupante que se hable de “compromisos verbales sujetos a una negociación”.
