La Guardia Civil ha investigado a 22 personas de un grupo criminal que realizaba préstamos personales, solicitados de forma individual, cuyos importes iban de los 12.000 a los 15.000 euros, sin que en ningún caso se hubiera abonado mensualidad alguna y cuyo montante global rondaba los 200.000 euros.
La Guardia Civil adscrita a la Unidad Adscrita a los Juzgados de Sevilla investiga a estas personas por supuestos delitos de falsificación de documento público, estafa, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal, informa en un comunicado.
La investigación comenzó hace más de un año y como consecuencia de la denuncia de una entidad bancaria.
La base inicial de la investigación se asentó sobre la minuciosa revisión de una cantidad ingente de documentación relativa a los préstamos, que permitió establecer una base común entre todos ellos y que permitió establecer la existencia de una organización delictiva que operaba a nivel provincial.
En esta organización los agentes vieron un funcionamiento en red con tres grupos diferenciados, con responsabilidades y funciones definidas, perfectamente sincronizados, con permanencia y reiteración delictiva, mantenida en el tiempo y basaba en la creencia de una impunidad total por la utilización de identidades usurpadas a terceras personas.
Los delitos -ya esclarecidos- se perpetraron utilizando, por un lado, documentación sustraída u obtenida mediante engaño a personas con escasos recursos, generalmente con problemas de alcohol o droga, y por otro, un aval económico consistente en la falsificación de una carta de revalorización de pensiones del INSS, por diagnóstico de enfermedad absoluta o permanente.
De esta manera los autores de los hechos pretendían permanecer impunes, tras hacer desaparecer el dinero, bien por transferencias o en ventanilla, sin que constara identidad alguna que los relacionara con dichos trámites.
Del resultado de la operación deriva la desarticulación completa de la organización con un total de 22 personas investigadas por la comisión de los supuesto delitos de falsificación de documento público, estafa, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
Las actuaciones están en poder del juzgado 10 de Sevilla, que se ha hecho cargo de la instrucción jurisdiccional de la causa.
