En el contexto de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Javier Millán, ha manifestado este jueves que el secretario general del Consistorio ha avalado la moción elevada al pleno por la formación naranja, en demanda del cese del cese del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, investigado en la causa, como miembro del consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi.
Javier Millán ha señalado una vez más el contenido de los oficios elevados por la Brigada de Información de la Policía Nacional al Juzgado de Instrucción número ocho, respecto al papel de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi en el devenir de la parada de taxis del aeropuerto, donde esta entidad tiene precisamente instalada su sede.
Al respecto, Millán ya había avisado de que la investigación policial refleja que "la mafia se ha hecho con el pleno control del servicio del taxi en el aeropuerto", usando para ello, según señalan los informes policiales, "amenazas e intimidación a otros compañeros e incluso el apedreamiento de vehículos que recogen a pasajeros", para acaparar la parada.
A colación, recordaba que por estas prácticas, "el presidente y la junta directiva de Solidaridad del Taxi están siendo investigados judicialmente por graves delitos como amenazas, daños, coacciones y pertenencia a organización criminal, algo no compatible con seguir permaneciendo en los órganos de decisión sobre el servicio del taxi".
Por eso, Ciudadanos promueve una moción al pleno, en demanda del cese del presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, investigado en esta causa judicial, como miembro del consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi.
En ese sentido, Millán ha manifestado este jueves que un informe del secretario general avala "la plena legalidad de la propuesta para cesar del consejo de gobierno del Instituto del Taxi a los miembros de Solidaridad imputados por diversos delitos", toda vez que el mencionado informe, recogido por Europa Press, avala en efecto la presentación de la moción, aunque precisando eso sí que como el resto de propuestas de los grupos municipales, se encuadra en el "control" de la acción de gobierno, carece de "fuerza ejecutiva" y debe entenderse como una demanda "al órgano competente", en este caso la juta local de gobierno, para que "analice a través del correspondiente expediente la oportunidad y viabilidad jurídica del cese propuesto".
Así las cosas, Millán ha lamentado que el gobierno local socialista "esté usando las instituciones para tergiversar la realidad e intentar manipular a la opinión pública con el único interés de defender a la mafia del aeropuerto, imputada por organización criminal", instando a Espadas a que "su gobierno no engañe a la ciudad, rectifique y elija estar con los sevillanos en vez de seguir siendo cómplice de la mafia del taxi que tiene secuestrada la entrada de Sevilla por el aeropuerto y está manchando gravemente la imagen de la ciudad".
"Queda claro que el gobierno está intentando confundir a los grupos municipales y a la opinión públicas para no tomar una decisión ejemplarizante, plenamente legal por incómoda que sea y acorde con la necesaria limpieza de las instituciones", ha insistido.
La investigación
Hablamos de la investigación de los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y las supuestas coacciones en la parada de taxis del aeropuerto, para monopolizar la misma. Y es que dicha parada, recordémoslo, está sujeta a una tarifa única que oscila entre 22,3 y 24,3 euros por trayecto.
Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.
En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, toda vez que esta organización está radicada precisamente en un local del aeropuerto de Sevilla, registrado en junio de 2017 por la Policía Nacional.
Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a supuestas sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad. En algunas sanciones, según los agentes, mediaría la máxima de que ante "cualquier duda", los taxistas afectados debían dirigirse al secretario de la asociación y "nunca" al presidente, Enrique Filgueras, porque tal extremo implicaría la "duplicación" de la sanción.
Solidaridad del Taxi
De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración".
Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación". Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según este oficio, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam".
Incluso localizaron, según uno de estos oficios recogidos por Europa Press, fotografías de la boda civil del presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, oficiada por el actual concejal de Seguridad y Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien además habría asistido a la celebración.
