Si los taxistas no hubieran cruzado la línea roja al reventar el mitin de Susana Díaz es muy probable que Espadas, calificado por Ciudadanos como mero “comentarista de la actualidad” por su pasiva actitud en este conflicto, no hubiera anunciado la retirada de las licencias a los implicados en los incidentes, ni habría pedido por fin al subdelegado del Gobierno, el sanchista Toscano, que prohíba de una vez esas marchas lentas o “caracoladas” de taxistas que durante días han colapsado la circulación para indignación de, como reconocía el alcalde, los “cabreados sevillanos”, de entre los cuales se dieron vivas a Cabify frente a una concentración de taxistas en el Prado de San Sebastián.
Desde la Unión Sevillana del Taxi se ha dicho que en la actuación de decenas de taxistas ante el teatro de San Juan de Aznalfarache donde se había programado el mitin de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía “no hubo violencia”. ¿Cómo calificar entonces unos hechos en los que, según recogieron diversas crónicas periodísticas, se bloquearon las puertas del recinto, en cuyo interior había menores y ancianos; se las aporreó, se impidió la entrada y salida de personas; se lanzaron macetas contra las ventanas, que por fortuna resistieron sin romperse, y se vociferó a coro el cántico “te va a votar tu puta madre”?
¿Cómo lo vieron y sintieron los allí presentes? Verónica Pérez, secretaria general de los socialistas sevillanos y candidata en las elecciones andaluzas del próximo domingo, escribió el siguiente mensaje: “Con todo el dolor hemos suspendido el acto con Susana Díaz en San Juan de Aznalfarache ante la actitud violenta de algunos. Somos demócratas y creemos en la libertad y en la palabra como única arma. El 2D los sevillanos responderemos en las urnas votando”.
El diputado socialista Antonio Pradas calificó los incidentes como “matonismo” frente a la “pérdida de la razón” y con “amenazas a mujeres y niños”. Y Susana Díaz, que se hallaba en la Casa del Pueblo lista para desplazarse al teatro cuando le comunicaron la suspensión del mitin, destacó que dentro había “gente mayor, abuelos y niños” y que “la seguridad de las personas está por encima de cualquier cosa, para el PSOE y para mí”.
Competencia de los VTC
Sí, los responsables de estos reprobables incidentes que provocaron lo nunca visto en la historia de la Democracia en Andalucía, la forzosa suspensión de un mitin durante una campaña electoral, son los taxistas que participaron en los mismos, pero hay que preguntarse por qué se ha llegado a esta situación y por qué el gremio se siente engañado por el Ayuntamiento de Sevilla, especialmente por el ex director del Instituto del Taxi y delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, con fama de blando con el sector.
Como es sabido, los taxistas ven amenazado su negocio por la irrupción de una competencia al hilo de las nuevas tecnologías (aplicaciones, “smartphones”) con Internet como cauce, una competencia con la que nunca pensaban ni para la que se prepararon mejorando sus servicios y recurriendo a sus mismas armas tecnológicas: los vehículos de alquiler con conductor o de transporte concertado, denominados VTC, y que operan mediante plataformas como Uber y Cabify.
La candidata a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a la que han reprochado que no condenara personalmente el boicot de los taxistas a Susana Díaz, repite el tópico de que los VTC están dominados por multinacionales y/o fondos buitre que ni pagan sus impuestos en España. Si se molestara en informarse comprobaría que en la plana mayor de Unauto, la patronal de los VTC, figuran antiguos presidentes o dirigentes de asociaciones de taxistas tan poderosas como las de Madrid y Barcelona que hace unos años se manifestaban también contra lo que calificaban como “intrusismo” de los VTC y que acabaron pasándose con armas y bagajes al bando contrario tras hacerse con decenas, centenares e incluso miles de licencias para este tipo de vehículos.
Es el caso de José Antonio Parrado (de presidente de la Asociación del Taxi de Madrid a controlador primero de Gestaxi y luego de Auro New Concept Transport); José María Goñi (secretario general de la Federación del Taxi de Cataluña, donde Radio Taxi Barcelona cambió su objeto social para pasar de prestar servicio a los taxistas al alquiler de coches con conductor) y de José Luis Funes (otro ex dirigente del gremio en Madrid).
El fundador de Cabify, el español Juan de Antonio, es quien insertó en los medios de comunicación la campaña publicitaria ‘Hola Pablo, hola Irene, hola Podemos’, para, frente a críticas como las de Teresa Rodríguez, ponerse a disposición del partido morado, explicarle sus cuentas y aclararle que paga en España el 100% de su actividad económica.
El empresario Rosauro Varo, sevillano y por tanto paisano de esos taxistas que colapsan Sevilla con sus “caracoladas”, ha invertido 118 millones de euros en la compra del 56% de Vector Ronda Teleport para hacerse con una parte del nuevo negocio de los coches de alquiler con conductor. Por mucho que se empeñen los taxistas, acostumbrados al proteccionismo administrativo, no se pueden poner puertas al campo ni gozar de monopolios en una economía de libre mercado basada en la competencia como es la de la Unión Europea.
La promesa
Pues bien, en su lucha para que las Administraciones Públicas prohíban lo que califican como “intrusismo” de los VTC, los taxistas sevillanos amenazaron con colapsar la ciudad aprovechando la anunciada celebración en la misma del Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre. El gremió desconvocó la movilización justo a tiempo para el Gobierno, tras una reunión “in extremis” con el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, el cual subrayó públicamente “el apoyo que desde el gobierno municipal siempre hemos mostrado a la actividad del taxi” e ignoró o despreció a la otra parte (involuntaria) del conflicto, los VTC, como si el Ayuntamiento no gobernara para ellos también.
Cabrera anunció que atendería una de las principales reivindicaciones del gremio: controlar, por decirlo eufemísticamente (en realidad los taxistas pretendía que se prohibiera o impidiera), el acceso de los VTC al Casco Antiguo, lo que en la práctica equivaldría a hundir su negocio, ya que gran parte de sus clientes son turistas que van a alojarse a los hoteles, la mayoría ubicados en este distrito de la ciudad. El delegado hizo una “sui generis” interpretación jurídica para plegarse a las exigencias de los taxistas: “Hay que distinguir -afirmó- la normativa para el transporte de viajeros de la normativa de tráfico vial. No se puede equiparar la actividad de los VTC, en cuanto a desarrollo por las zonas restringidas, con la del taxi. Vamos a ser muy exigentes en el control de los accesos al Casco Antiguo y en las zonas restringidas”.
Sin embargo, los VTC tienen la misma licencia, en calidad de vehículos de transporte público de viajeros, que los taxis, con la única diferencia de que no pueden circular a la busca de clientes, sino sólo acudir a recogerlos y a transportarlos a su destino cuando aquéllos han solicitado sus servicios previamente a través de una aplicación, plataforma en Internet o similar. Por tanto, tienen el mismo derecho que los taxis a circular hasta el Casco Histórico aun cuando haya zonas declaradas de especial restricción al tráfico, como se ha recordado desde el Ministerio de Fomento y desde su patronal Unauto, la cual amenazó de inmediato con emprender acciones legales contra el Ayuntamiento por haber ordenado a la Policía Local controlar y limitar la libre circulación de sus conductores, algo que no ocurre en otras grandes urbes del país.
La nueva política municipal provocó la alarma de la patronal hotelera, que temerosa de perder los clientes que llegan a los hoteles mediante los VTC exigió una reunión con el delegado de Movilidad. Por su parte, el de Turismo, Antonio Muñoz, se vio obligado a nadar entre dos aguas y declaró que los conductores de VTC podrían acceder al Centro a llevar/recoger clientes de los hoteles pero siempre que fuera por vías alternativas a las reservadas a los taxistas y residentes. Una frase que recordaba a aquella de Henry Ford, el inventor de la cadena de montaje, de que los clientes de su fábrica de coches podían elegir el color que quisieran siempre que fuera negro.
Ignorancia
Finalmente, Cabrera no tuvo más remedio que reconocer que “los VTC, a raíz de la modificación de la ley de Transporte Terrestre, es un servicio público, no una empresa auxiliar como era, y los servicios públicos, porque así lo marcan la ley y (atención) y en nuestras Ordenanzas, en zonas restringidas del Casco Antiguo tiene que permitirse el acceso cuando tengan un punto de destino final dentro de ese Casco Antiguo”.
Conclusión, el delegado no tenía ni idea de lo estipulado en la ley y en las propias Ordenanzas municipales cuando prometió a los taxistas restringir la circulación a los VTC con tal de que desconvocaran su protesta y el Consejo de Ministros se celebrara en Sevilla con total normalidad. Pese a su ignorancia y a encender los ánimos de los taxistas con una promesa sin fundamento legal, sigue en su puesto diciendo, al igual que Espadas, que los taxistas que bloquearon Fibes durante el Sicab y han colapsado el tráfico durante varios días eran una minoría no representativa que lo único que estaba consiguiendo era “cabrear” a los sevillanos, por lo que les instaba al diálogo sin más, hasta que aquéllos cruzaron la línea roja de reventarle el mitin a Susana Díaz. De la apelación al diálogo se ha pasado en horas veinticuatro al anuncio de retirada de licencias.
Decía Beltrán Pérez, el alcaldable del PP, que había que proteger a los taxistas de la ciudad frente a los VTC. Visto lo visto en las últimas semanas, habría que preguntarse si la frase no debería haber sido formulada al revés: proteger a la ciudad de los taxistas. Que le pregunte si no a Susana Díaz.
