Izquierda Unida y Participa Huelva, dos de los partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Huelva, alertaron que el consistorio puede cometer un delito de administración desleal si se aprueba la inyección de 3,8 millones de dinero público al Recreativo en el pleno extraordinario del jueves, como pretende el equipo de gobierno socialista.
Tanto Mónica Rossi como Jesús Amador, representantes de Izquierda Unida y Participa Huelva, aseguraron en una rueda de prensa que su voto será negativo a la propuesta y pedirán el voto nominal ante las posibles repercusiones legales que se puedan derivar.
Rossi expuso que el informe del interventor es "demoledor” con respecto a la “irresponsabilidad que supone aprobar esta inyección económica” y lamentó que el alcalde, Gabriel Cruz, se vaya a saltar las advertencias en una huida hacia adelante con la que ya suma en torno a 14 millones de euros del dinero de todos los onubenses.
Señaló además que este dinero sale del capítulo de los presupuestos destinado al empleo municipal y se preguntó acerca de cuántas acciones se podrían haber llevado a cabo con ese importe.
La concejal de IU tachó al alcalde de "mentiroso” porque aseguró que no destinaría más dinero público al club y opinó que este "nuevo zarpazo" a las arcas municipales responde a una “estrategia electoral" para seguir en el cargo.
Jesús Amador, por su parte, anunció que desde su partido estarían dispuestos a presentar una denuncia por vía penal contra el alcalde en el caso de que este jueves salgan aprobadas las cuentas. "No quiere salvar al Recreativo sino su carrera política”, dijo sobre el alcalde.
En su opinión, desde que se llevó a cabo la expropiación de las acciones para la declaración de Bien de Interés Cultural, todo el proceso ha estado "plagado de mentiras".
Resaltó que la "mala gestión" del equipo de gobierno municipal ha llevado a arrojar pérdidas por valor de 735.000 euros este año en las cuentas del club.
Huelva
IU y Participa Huelva ven administración desleal en el pago al Recre
Mónica Rossi asegura que el informe del interventor es "demoledor” con respecto a la “irresponsabilidad que supone aprobar esta inyección económica”
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