El candidato número uno del PP de Córdoba al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 28 de abril, Andrés Lorite, ha afirmado este sábado que si tras los comicios gobierna el Partido Popular y Pablo Casado "no se prohibirá el motor diésel como ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez".
Lorite ha destacado que la industria del automóvil constituye "uno de los sectores industriales más importantes de nuestro país", ya que representa el 10% del PIB y da empleo a más de 200.000 personas, convirtiendo a España en "el noveno fabricante a nivel mundial", según ha recogido el PP en una nota de prensa.
Tras esta exposición de argumentos, ha asegurado que "el PP es la única garantía para la industria de la automoción" frente a la "política intervencionista de la izquierda" que ha hecho que en estos nueve meses de Gobierno socialista el sector del automóvil se haya visto "seriamente perjudicado".
"Han caído las ventas de automóviles y se acumulan más de seis meses consecutivos de descensos tras desplomarse un 8,8% durante febrero. Después de varios años siendo la octava potencia mundial, hemos bajado al noveno puesto y las previsiones de futuro no son optimistas según el sector", ha recalcado, tras señalar que el parque automovilístico de España "se ha envejecido considerablemente" y "supera los 12 años de edad media".
Lorite ha explicado que para el PP deben ser los consumidores quienes marquen el ritmo de la sustitución de unas tecnologías por otras y, "frente a la prohibición, libertad, y frente a la improvisación, certeza eso es lo que ofrece el proyecto de Pablo Casado".
"Tenemos un compromiso firme con el sector automovilístico y con los españoles, y defendemos que la transición hacia las energías limpias debe ser progresiva y consensuada con la industria", ha subrayado.
Ha hecho hincapié en que si gobierna el PP van a reformar la tributación de vehículos, "reduciendo la fiscalidad en la compra y facilitando la adquisición de vehículos más eficientes", y van a poner en marcha un Plan de Recarga Total para el "desarrollo efectivo" de las infraestructuras de reposición de energías no contaminantes, especialmente en las ciudades.
Asimismo, desarrollaran "una política energética que no se olvide de ninguno de los tres pilares fundamentales: seguridad del suministro, menor impacto medioambiental posible y menor precio posible", tanto para empresas como para particulares, así como van a "reforzar" un marco de relaciones laborales mediante el acuerdo con los agentes sociales para facilitar la competitividad del sector.
