Una media de 577 condenados por delitos sexuales pretenden trabajar con niños en España cada año, pero son detectados por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, que se puso en marcha en marzo de 2016. Así, en los tres últimos años, se ha evitado que 1.730 personas puedan ejercer de profesores o monitores de tiempo libre, entre otros trabajos, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.
Todos los ciudadanos que quieran desempeñar una tarea profesional que requiera contacto habitual con menores, deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, tal y como establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015.
En 2016, se emitieron 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo por delitos de naturaleza sexual; en 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos positivos, y en 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas condenadas. Desde marzo de 2016 se han expedido 5.976.584 certificados y el 0,03% dieron positivo (unos 1.730).
El Registro Central de Delincuentes Sexuales obtiene sus datos del Registro Central de Penados y el de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción adicional.
A su vez, facilita la información a jueces, fiscales y Policía Judicial para la investigación y persecución de estos delitos y permite, de manera gratuita y por medios electrónicos, la certificación de los datos inscritos, lo que posibilita al ciudadano acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos.
"HAY QUE GENERAR ENTORNOS SEGUROS"
La especialista en políticas de infancia de Unicef Comité Español Almudena Olaguibel señala que esta medida sirve de "filtro" para evitar que las personas condenadas por delitos sexuales trabajen en entornos en los que hay niños, pero advierte de que es "insuficiente".
En declaraciones a Europa Press, sostiene que hay que poner en marcha "entornos protectores para la infancia" a través de la legislación y la puesta en marcha del registro de delincuentes, pero también con políticas públicas, enfocadas en la prevención, detección y actuación rápida ante posibles casos de violencia o abusos a menores, y la formación de los profesionales que trabajan para que asuman su responsabilidad en la protección de los niños y niñas.
Esta experta subraya también que para la creación de estos 'entornos seguros' hay que "hacer partícipes a los niños de su propia protección", enseñándoles a identificar los sentimientos que les provoca un presunto abuso o agresión sexual, a expresarlos y pedir ayuda.
"URGE LA LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA"
En la misma línea, la analista jurídica de derechos de infancia de Save The Children, Carmela del Moral, señala que el Registro de Delincuentes Sexuales ha evitado que cientos de condenados se puedan acercar a los niños, pero ha advertido de que es una herramienta de prevención "mínima", pues hay personas denunciadas por delitos de esta naturaleza que pueden pasar este filtro porque todavía no han sido condenadas.
"Hay que tener una cosa clara: quien quiera hacer daño a un niño va intentar trabajar en su entorno", ha subrayado esta experta que apuesta por una herramienta de contratación más segura, la creación de "espacios de salvaguarda" de los menores, con protocolos de detección claros y códigos de conducta y de seguridad que indiquen qué se puede o no hacer con un menor.
Sobre esto último, pone como ejemplo que se prohíba a un profesor, monitor o adulto permanecer con un menor en una habitación cerrada, llevarle en un vehículo privado, hablar sobre temas sexuales o tener el móvil del niño o de la niña. "Son normas que no limitan el trabajo con los menores, pero evitan que les hagan daño o ayudan a la detectarlo", añade.
Del Moral subraya la necesidad de contar con un "armazón" de herramientas, políticas y códigos de conducta para prevenir y combatir los abusos sexuales, a través de la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que está en fase de anteproyecto, y para la que reclama su aprobación "urgente".
La especialista de Unicef Comité Español espera que el proyecto normativo "no se desvirtúe" durante su tramitación parlamentaria y los grupos políticos "respeten" las líneas rojas y los pasos acordados por la sociedad civil: "Este asunto trasciende del ámbito partidista".
