El Ayuntamiento de San Fernando ha firmado el decreto para el cierre y el fin de la actividad de la Sala Muelle, ubicada en el Polígono Fadricas. Este acto administrativo se ha tramitado en paralelo a la actuación de la Junta de Andalucía en este asunto, y se ha podido culminar después de que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local haya certificado que este establecimiento no realiza ninguna actividad como alojamiento turístico y la haya eliminado del Registro de Turismo de Andalucía.
A este respecto, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha recordado que el mencionado establecimiento disponía de licencia como hostal-pensión con uso asociado de salón de celebraciones y bar, y que “a tenor de las inspecciones de la Junta se ha demostrado que no cumple con esos requisitos, ya que encubría un negocio de prostitución, y por tanto se ha procedido a la cancelación de la inscripción en el registro oficial”.
Esta cancelación daba pie a continuar con el procedimiento local que se había iniciado prácticamente desde el inicio de la apertura del mencionado establecimiento a principios del año 2017.
Tras esta decisión ya firme, el Ayuntamiento isleño ha procedido a la firma del decreto por el que se deja sin efecto la autorización municipal para el ejercicio de la actividad hotelera, que no es posible si no está incluida en el Registro de Actividades Turísticas de Andalucía. Esto conlleva el cierre de la actividad de sala de fiestas y bar al ser complementaria del uso como hostal.
Cavada ha sido contundente y ha dejado claro que “como alcaldesa y mujer me he sentido desde el principio impotente y frustrada por ver lo que todo el mundo veía desde que esta sala abrió: que se había burlado la ley bajo la apariencia de un hostal para permitir en su interior la prostitución”. “Por ese motivo, no hemos descansado hasta que se ha podido desmontar la cobertura que lamentablemente la ley administrativa le daba a esta sala”, ha apuntado antes de añadir que “me hubiera gustado poder firmar esta retirada de licencia antes, pero el procedimiento ha sido complejo y farragoso y era necesario que fuera de la mano del que ha llevado a cabo desde hace años la Junta de Andalucía”.
En este sentido, ha recordado que “había que dar pasos para poder decretar el cierre de negocios de este tipo que promueven la explotación de la mujer y que buscan resquicios para camuflar esta deleznable actividad”. “Como alcaldesa siempre combatiré con todas mis fuerzas la explotación sexual de las mujeres, la trata y a los traficantes, porque la mayoría de esas mujeres son víctimas explotadas contra su propia voluntad o por sus circunstancias personales y económicas, y todas y todos debemos desde nuestros ámbitos trabajar y luchar para erradicarlo”.
La alcaldesa también ha advertido de que “ahora habrá que seguir peleando y trabajando para evitar que en el futuro tengamos casos similares”. Como ha expuesto, “hay que tener en cuenta las dificultades con los que se encuentran los procedimientos administrativos para poner fin a la actividad de este tipo de establecimientos, que en muchas ocasiones encuentran fórmulas para burlar las restricciones y poder seguir adelante con el negocio”. Pese a todo, ha dejado claro que “vamos a estar vigilantes en todo momento y seguiremos trabajando para evitarlo”.
La primera edil ha insistido en que “este equipo de gobierno tiene un objetivo muy claro a favor de promover la igualdad y de ser un referente en este ámbito, lo que implica sin ninguna duda plantar cara a la violencia o abusos contra la mujer en todas sus formas y a la prostitución”.
En esa línea, ha puesto de relieve precisamente que una de las principales acciones del Gobierno isleño pasa por convertir a San Fernando en una ciudad libre de publicidad sobre prostitución en espacios públicos a través de una ordenanza reguladora y un código ético. Del mismo modo, solo contratará publicidad con aquellos medios que se adhieran a ese código 
ético para la no emisión de publicidad de contenido sexual. El gobierno se ha marcado el reto de que antes de final de este año esté elaborada esta ordenanza.
Como ha enfatizado Cavada, “los gobiernos progresistas tenemos que tomar medidas concretas para estas problemáticas, y desde lo local poner las bases para tener una sociedad más igualitaria y más justa”.
