La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha juzgado este miércoles a J.M.L., A.J.C.M. y S.T.B. quienes están acusados de estafar con su sociedad mercantil casi 120.000 euros a una empresa, propiedad de la Casa de Alba, tras no pagar una remesa de naranjas. En la vista oral, uno de los acusados, J.M.L., ha asegurado que "nunca" intentó eludir el pago, mientras que el resto de acusados han indicado que desconocía esta deuda al apuntar que, pese a ser socios mancomunados, estaban centrados en otras funciones.
En vista oral, J.M.L. ha indicado que la empresa de las que los tres encausados eran administradores mancomunados, Zumosur, fue un "referente" en el sector y que debido a la crisis y a que los impagos de sus clientes llegaron a alcanzar "los 1,7 millones de euros" no pudieron responder a las obligaciones con sus proveedores si bien se intentó "hasta el último momento".
Continuando esa línea, ha indicado que se emitió tres pagarés firmados por él para la empresa proveedora "con la buena fe" de que éstos se podían abonar y saldar la deuda, al "creer" que la cuenta bancaria tenía liquidez y que tras el vencimiento de estos se redactó de nuevo tres pagarés a nombre de otra empresa, Valsur, con el CIF de otra, De Gea Montesa, de la que era socio, "porque se había cambiado el nombre pero no el CIF" toda vez que la empresa acreedora le obligó a ello "dado que Zumosur "no le daban créditos".
Asimismo, J.M.L. ha lamentado que la empresa a la que le adeudan el pago de la remesa después de "cientos de transacciones fructuosas" durante siete años les haya llevado a los tribunales toda vez que ha asegurado que no le adeudan nada porque la remesa de naranja "no eran aptas para el consumo por estar heladas" lo que motivó que a la empresa polaca que las vendió se las devolvieran y les causara "un impago de 430.000 euros".
Con todo, ha censurado que sus otros socios abandonaran la empresa al ver que la crisis "estaba pudiendo con ellos" y que se quedó "solo" luchando por intentar cumplir con las obligaciones de deuda de Zumosur.
Por su parte, los otros acusados han reconocido desconocer esa transacción al aseverar que estaban centrados en distintas parcelas de la empresa y que la contabilidad diaria y el trato con proveedores no las llevaban ellos.
Asimismo, han reconocidos que dejaron Zumosur por motivos ajenos y no por los problemas económicos. De ese modo, A.J.C.M. ha reconocido que estuvo ausente de la empresa un tiempo por motivos familiares y que cuando quiso volver a la actividad, el acusado J.M.L. se "lo prohibió" e incluso "le agredió" para que dejara la sociedad mientras que S.T.B. ha indicado que dejó la empresa para ingresar en un centro especializado para tratar su adicción a las drogas.
Por otro lado, tanto A.J.C.M. como S.T.B. han señalado que tuvieron conocimiento de Valsur como una propuesta de crear una nueva sociedad para "una nueva línea de negocio" si bien esta empresa "no llegó a crearse" y tampoco "se dio de alta en el registro mercantil".
Cabe apuntar que en la fase testifical han declarado responsables de la empresa distribuidora, Eurotécnica Agraria, que han negado que presionasen a J.M.L. para que emitiera pagarés a nombre de Valsur. De esta empresa, el acusado S.T.B. ha señalado que cambió "mucho" la forma de interactuar con sus clientes cuando Cayetano Martínez de Irujo se hizo cargo de la Casa de Alba.
LOS HECHOS SEGÚN LA FISCALÍA
La Fiscalía indica que los tres acusados, en tanto eran administradores mancomunados de la empresa Zumosur, el 26 de marzo de 2012 firmaron contrato de compraventa de naranjas con la empresa Eurotécnica Agraria que emitió las correspondientes facturas por importe de 116.221,43 euros, siendo la forma de pago por transferencia bancaria a los 60 días de la emisión de las facturas que resultaron "impagadas", toda vez que la empresa de los encausados "carecía de toda solvencia".
Así, los procesados, para "aparentar solvencia", aceptaron tres pagarés por importe de 70.000 euros los cuales fueron sustituidos por otros tres pagarés cuando los primeros se acercaban a su vencimiento, añade el Ministerio Público.
De este modo, y tal y como expone la Fiscalía, los tres acusados "a sabiendas" de la inexistencia de fondos en Zumosur con los que responder el pago de la deuda contraída, aceptaron los nuevos pagarés haciendo constar esta vez los datos "de una empresa ficticia y sin actividad a ellos vinculada" denominada Valsur Fruits de la que hizo constar un CIF correspondiente a "otra empresa" llamada De Gea Montesa de la que era administrador único el acusado J.M.L.
Con todo, la representante del Ministerio Fiscal atribuye a los tres acusados un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa. Así, para J.M.L. y A.J.C.M. les pide una pena de cinco años de cárcel y una multa de diez meses con cuota diaria de 15 euros (4.500 euros) mientras que a S.T.B., a quien concurre la circunstancia atenuante de drogadicción, le solicita una condena de cuatro años de prisión y la misma multa que a los otros procesados.
