Unas 50 personas están citadas a declarar como testigos o peritos en el juicio que comienza el próximo martes en el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga al dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en el que murió Julen, el pequeño de poco más de dos años que fue rescatado sin vida 13 días después de caer en dicha prospección hace ahora un año.
El propietario de la parcela, David Serrano, será juzgado por un delito de homicidio por imprudencia grave por el que le acusa la Fiscalía, que solicita que se le imponga una pena de tres años de prisión; y la acusación particular, en representación de los padres del niño, que pide tres años y medio de cárcel.
La vista se celebrará en la sala cuatro de la Ciudad de la Justicia, donde se han desarrollado otros juicios, como el del caso 'Malaya', y en total se han previsto seis sesiones, de forma que comenzará el martes, continuará toda la semana y también se han fijado los días 28 y 30 de este mes.
Entre las personas citadas para declarar a lo largo del juicio están los padres del pequeño, José y Victoria, que lo harán como testigos en la primera sesión, que comenzará con las cuestiones previas y la declaración del acusado. En días sucesivos comparecerán efectivos de la Guardia Civil y mineros que participaron en el rescate del pequeño y otros peritos.
Asimismo, son 80 los profesionales de la información --periodistas, fotógrafos, operadores de cámara y técnicos de radio-- de 34 medios de comunicación los que están acreditados para cubrir la vista oral, en la que se analizará lo ocurrido el 13 de enero de 2019 y las condiciones en las que estaba el pozo y la finca de la zona del Dolmen del Cerro de la Corona donde ocurrieron los hechos.
El fiscal, en su escrito de acusación provisional al que tuvo acceso Europa Press, incide en que el procesado "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección y en que "era el único conocedor" de la existencia del pozo. La acusación de los padres también le achaca una "negligencia" que es "extremadamente grave" y una conducta omisiva.
Por su parte, la defensa del acusado señalan que no se sostiene la acusación por homicidio por imprudencia grave contra su cliente, insistiendo en la "imposibilidad de haber previsto el riesgo" de que el niño cayera y en que avisó varias veces al padre del pequeño de la existencia de pozos.
