El intento de iniciar una investigación parlamentaria al anterior jefe del estado parece estar sometiendo a la Constitución Española a la “prueba del algodón”. Y la constitución sale a colación en esta “merienda de negros”, al ser traída por el PSOE, que según la Sra Lastra - vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso- "no cabe constitucionalmente" una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, ya que, según su docta opinión: “"Es simplemente leerse la Constitución y saber que el Rey es inviolable", recordando que los letrados del Congreso siempre se han opuesto.
Es evidente la necesidad de conocer por parte del Pueblo español la relación del anterior monarca con los presuntos hechos denunciados. Juan Carlos de Borbón, presuntamente ha recibido fraudulentamente y ocultado a la hacienda pública, al objeto de mediar, supuestamente, a favor contratos multimillonarios como el del AVE de la Meca a Medina, en Arabia Saudí. Sólo la primera transferencia seria supuestamente de 100 millones de dólares. También una donación de 65 millones de euros a Corinna Zu Sayn-Wittgenstei, su antaño amiga.
Se invoca el artículo 56 de la Constitución para “blindar” a Juan Carlos de Borbón, de una mera investigación. Cuando evidentemente la constitución nada dice sobre la capacidad del Parlamento para investigar lo que crea menester. Con independencia de las interpretaciones que puedan hacerse, al mencionado artículo 56 que, entre otras cosas, dice aquello de “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”; el texto constitucional no limita en modo alguno las competencias de las Cortes Generales cuando estas, según el artículo 66 representa al pueblo español. Y en democracia al menos teórica el Pueblo tiene derecho a conocer.
Sorprende que la Sra Lastra asuma, sin ningún pudor, que una persona sea “Agamenón o su porquero” esté por encima de la ley. Más aún cuando, en el caso presunto de que Juan Carlos de Borbón, haya defraudado a la hacienda pública y sea el mismo defraudador el que firma la mismísima ley. No cabe imaginarse mayor rastrera servidumbre que legitimar la impunidad de quien, presuntamente comete un delito y no lo “paga”. Las gentes de esta España cada vez comprenden menos la figura antidemocrática del monarca y, menos aún, que se pretenda no investigar acusaciones con visos de veracidad y con documentos incriminatorios. Y que además ese ocultamiento se produzca por parte de quienes dicen defender el interés del pueblo, el imperio de la Ley, el Estado de Derecho.
Que la Constitución Española de 1987 fue un pacto, entre los grandes poderes reales, para salir airosos en sus prebendas, privilegios e indemnes de los latrocinios y genocidios cometidos en la barbarie franquista, es más que evidente. Y este hecho de querer dejar a salvo de una simple investigación del Parlamento a Juan Carlos de Borbón es más que inaceptable. Si de verdad es inocente, al rey emérito le debe faltar tiempo para alentar que se investigue la falsedad de las acusaciones y que caiga sobre las espaldas de la difamante Corina todo el peso de la ley, que para eso la firma.
Fdo Rafael Fenoy Rico
