La Asociación para la Protección del Patrimonio “La Base Natural y Cultural de Rota” y “Ecologistas en Acción de Rota”, quiere manifestar su preocupación ante la destrucción del patrimonio natural, en relación al Camaleón Común, que está protegido por la ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ordenanza Municipal de Protección del Camaleón, y el Protocolo de Protección, recordándoles que en los suelos urbanos la competencia para protegerlos corresponde al Ayuntamiento de Rota, donde las delegaciones de Medio ambiente y la de Urbanismo están obstaculizando la aplicación de cualquier medida de protección. En los últimos doce años esta especie ha estado sometida a una presión sin precedentes en todo el ámbito local, lo que ha originado una disminución importante de sus poblaciones en Rota.
Según la BNC, están presenciando la desaparición o transformación de los últimos huertos tradicionales, la desconexión de las poblaciones del pinar con las del interior, y el avance del proceso urbanístico donde se encontraban las mejores poblaciones de camaleón en Rota, donde no se aplican los Informes de Valoración Ambiental correspondientes a varios sectores del actual Plan General de Ordenación Urbana (SUNP R2 y SUNP RI1), algunos de ellos se están convirtiendo en escombreras, donde las puestas de camaleón terminan debajo de los vertidos de residuos, y tienen muchas dificultades para eclosionar, ni se adaptan los ajardinamientos correspondientes a estos sectores al hábitat del camaleón, como contemplan las directrices ambientales de los referidos informes, ni se cumplen los acuerdos municipales.
Es por ello que la Base Natural y Cultural de Rota y Ecologistas en Acción de Rota solicita al equipo de gobierno municipal, como administración competente en su protección, una mayor implicación para preservar esta especie protegida, joya de nuestra naturaleza local, aplicando con más detalle los acuerdos y normativas existentes, y que se convoque con carácter de urgencia el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que lleva más de un año sin convocarse, en cumplimiento del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
