El Pleno municipal ha aprobado por mayoría la formulación y el inicio de los trabajos de revisión del Catálogo de Bienes Inmuebles Protegidos que tiene por objeto actualizar y poner al día las fichas que regulan las condiciones particulares de las parcelas o edificios catalogados del centro histórico, haciendo referencia en cada una de ellas, tanto a la identificación de los valores que hacen a la finca merecedora de ser catalogada, como al tipo de intervención que se podría llevar a cabo en función del citado grado de catalogación establecido.
El asunto ha contado con el voto favorable de todos los grupos, salvo la abstención del PP y del concejal Ángel Cardiel, “que nuevamente se autoexcluyen de una medida importante para impulsar el centro histórico, y que va conllevar un trabajo arduo y minucioso”, ha señalado el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, quien ha subrayado que el objetivo de la misma es “garantizar que las intervenciones en el centro histórico se hagan de forma flexible y con el menor coste posible, y facilitar que los particulares e inversores realizan actuaciones en sus fincas que se correspondan con la realidad”.
Esta medida forma parte, como ha señalado Díaz, de las propuestas del Plan Integral de Regeneración del Centro Histórico, un documento que está ultimando el Gobierno local. “No estamos hablando de un plan urbanístico al uso, ya que Jerez cuenta con un Plan General con contenido de protección y por tanto no precisa de un plan especial para la ordenación del centro histórico, sino que más bien debe entenderse como una hoja de ruta que defina las iniciativas que hay que desarrollar dentro de su ámbito”.
Como ha señalado el teniente de alcaldesa, “vamos a realizar un estudio pormenorizado de cada finca para determinar los elementos de valor que deben protegerse, con el fin de facilitar su puesta en carga. El catálogo actual es muy genérico y por ello se hace necesario hacer una valoración más detallada de cada inmueble, definiendo criterios de actuación individualizados en función de sus valores específicos y dando mayores posibilidades de intervención en las mismas, siempre velando por su mantenimiento y conservación de sus elementos arquitectónicos”.
Un total de 1.685 fincas protegidas, a estudio
El centro histórico cuenta con un total de 3.325 fincas de las cuales, 1.721 son protegidas; el presente estudio se centrará en 1.685 de estas fincas protegidas, tanto de intramuros como de extramuros, de las cuales, 1.366 pertenecen a ‘Áreas de Conservación Arquitectónica’, una de las tres categorías según las cuales se clasifica el patrimonio catalogado y el tejido conexo del centro histórico. En esta categoría se designan aquellos edificios y áreas que forman la mayor parte del tejido urbano en este ámbito, por considerarse que deben permanecer con su configuración formal y tipológica actual.
De las 1.685 fincas a estudiar, 319 pertenecen a la categoría de ‘Elementos de Interés Genérico’, en la que se incluyen edificios y espacios dotados de valores patrimoniales cuya característica principal es la de ser exponentes de la identidad cultural de la ciudad.
Otra de las categorías, la de ‘Elementos de Interés Específico’ en la que se incluyen 36 fincas, no es objeto de este estudio al tratarse de edificios, conjuntos y espacios de relevante interés con categoría (declarada o no declarada) de “Bienes de Interés Cultural”, cuya regulación y fórmulas de intervención son competencia autonómica.
Los catálogos tienen por objeto garantizar la conservación de aquellos edificios que poseen unos valores patrimoniales destacados a través de medidas que permitan la pervivencia de estos inmuebles, pero adaptando su uso a las circunstancias de cada momento, para lo cual, es necesario mantenerlos en uso, lo que a su vez redundará en mantener un centro histórico vivo y dinámico.
Todo ello, “dentro de nuestra estrategia de impulsar la actividad rehabilitadora en el centro histórico, que ya estamos percibiendo en las numerosas licencias que estamos dando para recuperar fincas en mal estado y ponerlas en uso, muchas de las cuales van destinadas a nuevas viviendas, o bien adaptando inmuebles para uso también residencial o comercial”.
Otros asuntos
Entre los asuntos destacados, durante el Pleno se ha dado lectura a una declaración institucional con motivo del día de la Dislexia y en apoyo al reconocimiento ante las naciones unidas del 8 de octubre como Dia Mundial de la Dislexia.
El delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, ha señalado que con esta Declaración “mostramos nuestro apoyo a la conmemoración de este día”, recordando la campaña #UnidosPorLaDislexia, con la que se pretende visibilizar un trastorno invisible que afecta al 10% de la población mundial.
Igualmente, el Pleno ha aprobado el cese de Raquel Pastor Yuste como vocal de la Universidad de Cádiz en el Consejo local de la Mujer y el nombramiento de Guadalupe Calvo García como nuevo vocal de este órgano.
Asuntos relacionados con la COVID-19
Respecto a los asuntos relacionados con la COVID-19, se ha debatido una proposición del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a que rebaje el tipo del IVA a mascarillas, guantes y hidrogeles desinfectantes para abaratar su precio, y que ha sido aprobada por unanimidad.
Igualmente, se ha abordado también una proposición del Grupo Ciudadanos en la que se manifiesta el apoyo al sector del ocio nocturno y la elaboración de un plan de ayudas específico que contribuya a su revitalización. Sobre este asunto, José Antonio Díaz ha apelado al consenso político para apoyar a este sector, recordando que desde Urbanismo se están dando facilidades en la obtención de licencias relacionadas con cafeterías. En cuanto a las administraciones, ha señalado que “hay que seguir apostando por los ERTE, las ayudas ICO, o las prestaciones de empleo, así como diseñar, por parte de la Junta de Andalucía, un programa de ayudas a empresas del sector”.
Modificación de la Ley de Segunda Oportunidad
El Pleno, por mayoría de los grupos, ha aprobado la proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la modificación de Ley de Segunda Oportunidad. Una modificación centrada en la definición del deudor de buena fe de modo que quede clara, en la reducción del procedimiento de aplicación a unos 6 de meses y, sobre todo, que la ley recoja que la vivienda habitual es inembargable en la liquidación de la deuda ha expuesto Rocío Monedero.
La delegada de Turismo, Comercio y Consumo, Isabel Gallardo ha explicado el voto favorable del Grupo municipal del PSOE porque comparte la simplificación del procedimiento para hacer uso de la ley y ha recordado que si bien la ley es de 2015 esta norma ha sido objeto de mejora por parte de PSOE. “Todas las personas tiene derecho a una segunda oportunidad”, ha enfatizado la delegada. “También compartimos de esta propuesta la petición de inembargabilidad de la vivienda habitual y el derecho de los ciudadanos a reanudar su vida” tras contraer una deuda. Isabel Gallardo ha subrayado la complejidad de la materialización de la Ley de Segunda Oportunidad, ”pero efectivamente hay que ayudar a las personas, al autónomo, porque toda persona tiene que ser ayudada, por eso defendemos que se mejore la ley”, ha abundado.
El Pleno ha aprobado por mayoría la Proposición del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la conciliación como medida (retribución) para cubrir la baja de incapacidad temporal por contagio de COVID-19. La delegada de Acción Social y Personas Mayores, Carmen Collado, ha defendido estudiar la viabilidad de qué medidas se pueden adoptar con el desarrollo de la pandemia porque se desconoce su temporalidad y persistencia a futuro. “Es un tema que debe ser estudiado para que las medidas sean factibles y no se quiebre la Seguridad Social y se cargue a los trabajadores de la Sanidad con más trabajo en relación a la tramitación de bajas”, ha dicho.
