Próximo a expirar el contrato de cuatro años suscrito por la Junta de Andalucía y J. M. Pascual para el concierto sanitario de los hospitales privados de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín por un importe superior a los 382 millones de euros, fuentes de la Administración autonómica han confirmado a este medio que aún está elaborando los nuevos pliegos, sobre los que no ha querido ofrecer, sin embargo, detalle alguno.
Tampoco aclaran los motivos del retraso en la tramitación y no concretan fecha de finalización de los mismos. No obstante, una vez finalizados los pliegos, habrá que sumar al menos dos meses para la aprobación del expediente y, si se licita como procedimiento negociado sin publicidad y urgente, al menos otros cinco para su adjudicación y formalización.
Dado que el contrato actual no contempla la posibilidad de prórroga, la Consejería de Salud y Familias tendrá que negociar con J. M. Pascual la adecuada asistencia sanitaria a unos 260.000 habitantes entretanto. La situación no es nueva. Hay un antecedente que supuso un auténtico dolor de cabeza para la Junta. Tras una denuncia del SAS, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía multó a la empresa con 5,3 millones de euros por “conductas anticompetitivas”, Concretamente, el organismo concluía que, entre 2014 y 2017, aplicó previos abusivos por los servicios que prestó, tanto en la provincia de Cádiz como en Huelva, obteniendo millonarios beneficios.
Antonio Vergara, coordinador de la plataforma en defensa de la sanidad pública y portavoz de Marea Blanca Gaditana, se malicia que las relaciones entre la Administración y la firma deben discurrir por buenos derroteros para J. M. Pascual. Si hubiera algún problema, “ya estaría movilizando a sus trabajadores”, sostiene. Recuerda, en este sentido, la manifestación que organizó en la capital, con 50 autobuses y 4.000 personas en 2016 para forzar la firma del contrato, y advierte de la posibilidad de que se revise al alza pese a que a día de hoy, J. M. Pascual es la empresa que más dinero público de la Junta recibe anualmente.
La portavoz parlamentaria de IU, Inmaculada Nieto, denunció en junio del pasado año que, a pesar de que el Gobierno andaluz cuantifica en un total de 71,3 y en 75,6 millones de euros los adeudados para los ejercicios 2018 y 2019, la empresa cobró los 95,2 millones por anualidad según lo estipulado en contrato.
Esto se debe porque la contratación del SAS se lleva a cabo bajo la modalidad de disponibilidad asistencial, contando con los centros hospitalarios de forma integral, ante la dificultad de calcular exactamente el número de servicios que serán prestados. De manera que aunque las unidades de producto concertado consumidas no alcancen el máximo presupuestado, no se puede llevar a cabo deducción alguna. “Un 25% de lo que está ingresando J. M. Pascual de dinero público es a cambio de nada”, resumía Nieto.
“La empresa parte de una posición de fuerza muy fuerte”, subraya. Más aún después de que la Administración autonómica convirtiera estos tres hospitales en las áreas de referencia de una quincena de especialidades en los distritos Jerez-Costa Noroeste, Bahía de Cádiz-La Janda y Sierra de Cádiz. “La orden de la Consejería de Salud y Familias es que cuando un médico de atención primaria quiere derivar a un especialista a un usuario debe hacerlo directamente a unos de los centros de J. M. Pascual en lugar de derivarlo a un hospital público. No entendemos que sea la primera opción. Es una nueva demostración de la apuesta por la privatización. No hay que olvidar que todo el dinero que reciben las entidades privadas se detraen de la inversión y la reposición de los profesionales en la sanidad pública”, explicaba Antonio Vergara en una reciente entrevista con Información.
La Junta se comprometió a la creación de infraestructuras públicas para evitar que J. M. Pascual “tenga la sartén por el mango”, recuerdan desde CCOO. Pero ni el anterior ni el presente Gobierno han cumplido.
