Un total de 42 ex altos cargos independentistas, entre los que se encuentran los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de los recientemente indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, conocerán el próximo martes la cantidad a la que asciende exactamente la liquidación provisional que ha fijado el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
Esta cantidad, que según el diario El País se eleva inicialmente a 5,4 millones de euros, se suma a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.
En el trámite del próximo martes se ha citado a los representantes legales de estas más de cuarenta personas para comunicarles la cuantía que, inicialmente, la instructora del órgano fiscalizador considera que desviaron a esta red de embajadas, y se les comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena.
En dicho momento podrán presentar alegaciones para ajustar algunos de los conceptos reclamados, y en el acto estarán presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, *además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de "Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.
ALGUNAS ALEGACIONES ACEPTADAS
La cantidad presuntamente desviada en Diplocat ha sido fijada tras una instrucción en la que los representantes legales de los cargos investigados han podido presentar alegaciones. Ello ha permitido ajustar a la baja algunas cantidades reclamadas e incluso sacar a determinadas personas de la liquidación, según las fuentes consultadas.
CITADOS
Concretamente, se ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; a los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turrull; los exconsejeros de Economía Andreu Mas Collel y Oriol Junqueras; y al exconsejero de Asuntos Exteriores y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (DAERIT), Raül Romeva.
También a los que fueran secretarios generales Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria; a las interventoras Generales de la Generalitat, María Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella; y a los interventores delegados, Jordi Serra Catalán, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés y Francesc Cubel Creus.
También están en la lista de presuntos responsables contables, el secretario general del Diplocat, Alberto Royo, y los delegados de la Generalitat de Cataluña en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.
Ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.
INFORME FISCALIZADOR
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un "informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017", a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones 'a dedo' y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.
El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.
De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc.
