El rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, ha afirmado este jueves que las encomiendas de gestión de determinados servicios de la UAL a favor de la Fundación Mediterránea y que se incluyen en la resolución que investiga el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Almería "no suponen la privatización de ningún servicio" ni "atenta contra los derechos de los empleados públicos" del órgano académico.
Molina ha rechazado las acusaciones que figuran en el recurso elevado por el sindicato CSIF al tiempo que ha defendido que las encomiendas de gestión "fueron aprobadas por imperativo legal, al dictarse por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en enero de 2013, unas instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión, a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores".
Según ha explicado el rector en un comunicado, "las encomiendas de gestión son una técnica del Derecho Administrativo español utilizada habitualmente en la organización de la Administración Pública", con lo que ha negado que se atente contra los derechos de los empleados públicos de la Universidad de Almería.
"Ni afectan negativamente a la calidad y eficacia del servicio público, ni suponen una carga económica a las arcas universitarias, ni se sustraen del control público, ni se crea una administración paralela, ni por supuesto se ha privatizado, ni se va a privatizar, el servicio público universitario", ha manifestado el máximo responsable de la UAL.
Además, el rector ha apuntado que la gestiones que se han encomendado, entre las que están la gestión del centro de lenguas, los servicios de emprendimiento y empleabilidad, internacionalización, comunicación y marketing, y el soporte virtual a la docencia y a la calidad académica, "se realizaban anteriormente, desde hacía años, por trabajadores que no son empleados públicos de la Universidad de Almería".
Asimismo, ha precisado que "no se ha despedido" a ningún empleado de la Universidad por este motivo, ni se ha contratado a ningún trabajador que no lo fuera antes. "Lo único que ha cambiado ha sido el marco jurídico, la derogación de los numerosos convenios y contratos suscritos con la Fundación Mediterránea y los trabajadores y su sustitución por las figuras de las encomiendas de gestión", ha añadido el rector, para quien estos servicios "en ningún momento escapan al control de la Universidad".
Molina ha explicado que el actual Rectorado ha demostrado "siempre" su "respeto y defensa" de la función pública de la Universidad de Almería, con el reconocimiento de sus empleados públicos, "habiendo impulsado la funcionarización del personal laboral de la Universidad de Almería que así lo decidió, a fin de garantizar una mayor estabilidad en sus puestos de trabajo".
