La Audiencia Provincial de Almería decidirá en junio de 2015 si se mantiene el procesamiento del exdelegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Clemente García y el funcionario Miguel G.L. dictado por la juez instructora de la causa penal que dirime la presunta malversación de 300.000 euros en una cuenta bancaria de esta Consejería en la provincia.

   El auto que dictó la magistrada Alejandra Dodero el pasado 15 de mayo fue recurrido en apelación por las defensas de los dos únicos imputados en el procedimiento y su resolución tras deliberar se someterá a votación y fallo el 8 de junio del año que viene, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

   La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía y a raíz de la que se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos recogía que con Clemente García se produjeron movimientos por valor de 180.000.

   Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

   La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".

   La instrucción apunta fundamentalmente al funcionario Miguel G.L. ya que las disposiciones objeto de la causa penal también se produjeron estando al frente de la Delegación Provincial otros cargos públicos.

   Así, con su sucesora en el cargo, para quien la jueza dictó el sobreseimiento de las actuaciones en abril de 2014 al no apreciar responsabilidad en ella, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros mientras que con el actual responsable del departamento y promotor de la denuncia, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.

   Antes de resolver el procesamiento, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ordenó la práctica de diligencias encaminadas a determinar la responsabilidad penal de los dos imputados y, entre ellas, libró oficio a la Policía Nacional para realizar una "investigación patrimonial" de ambos. Además, citó a declarar por segunda vez en calidad de imputado a Clemente García.

   La providencia también requería a la Junta, personada en la causa, para que informase de si existía "alguna previsión que faculte a un delegado provincial a autorizar gastos de publicidad, sobre el procedimiento, en su caso, para que se acuerde tal publicidad, con quien contratarla, documentación exigible, aprobación y acreditación del gasto, y cuenta a cargo de la cual haya de efectuarse este".

   Cabe recordar que en las disposiciones presuntamente irregulares por un montante global de 300.000 euros que se investigan en la citada cuenta bancaria "finalista para aprovechamientos forestales" figura una de 40.000 euros que, según declaró uno de los imputados, tuvo como destino "el pago de inserción de publicidad en un medio local".

   De manera paralela a la vía penal, el Tribunal de Cuentas mantiene abiertas actuaciones previas para dirimir una posible responsabilidad contable por desvío de dinero público. Las actuaciones previas se abrieron después de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza pusiese en su conocimiento las irregularidades detectadas en un cuenta sin fiscalizar en la que se ingresa el canon forestal.

   Fue la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente la que puso en conocimiento del interventor de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y esta Consejería trasladó a su vez las presuntas irregularidades a este órgano.