El TSJM rechaza recompensar a Rumasa tras la venta de Galerías Preciados
Ruiz Mateos reclamaba al Estado una compensación de 6.133 millones
Entiende que Supremo fijó el valor de las acciones del holding en ?cero pesetas?
El tribunal también señala que ?carece de objeto? la petición de la revisión
La familia recurrirá ante el Supremo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso del empresario José María Ruiz Mateos en el que reclamaba al Estado una compensación de 6.133 millones de euros, más intereses, por la participación que Rumasa tenía en Galerías Preciados cuando el grupo fue expropiado en 1983.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el valor de las acciones de Rumasa era “cero” con independencia de lo que valieran los títulos de Galerías Preciados, ya que el balance definitivo del grupo expropiado arrojó un saldo negativo de 261.129 millones de pesetas (1.569 millones de euros).
Los socios de Rumasa, que poseían indirectamente el 78,62 por ciento de Galerías Preciados, pidieron en dos ocasiones, en noviembre de 2006 y abril de 2007, que sus acciones se volvieran a tasar para tener en cuenta el valor de la participación del grupo en esos grandes almacenes.
Sin embargo, las peticiones fueron desestimadas: en junio de 2007, por la Dirección General de Patrimonio del Estado; y en julio y septiembre de ese mismo año, por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, que rechazó los recursos de los socios de Rumasa.
Posteriormente, Ruiz Mateos recurrió estas decisiones administrativas ante el TSJM y pidió que sus acciones fueran "”retasadas” y que su precio se fijara en 6.133 millones de euros, más un 5 por ciento por los intereses acumulados desde la petición inicial (noviembre de 2006).
Según la sentencia, fechada el 26 de febrero, la cuestión de fondo a dilucidar era “si existió en algún momento una obligación de pagar a los socios de Rumasa algún precio por las acciones” de Galerías Preciados.
El TSJM entiende que, de acuerdo con la legislación vigente, el valor de las acciones de Galerías Preciados para los socios de Rumasa no podía fijarse hasta que se calculara el precio de los títulos del grupo. Para el resto de los accionistas de los grandes almacenes sí se estableció un precio que, con posteriores modificaciones, fue abonado.
Puesto que el balance definitivo de Rumasa arrojó un saldo negativo de 261.129 millones de pesetas, el valor de sus acciones se fijó en “cero pesetas”, tal como establecieron sendas sentencias del Tribunal Supremo fechadas en mayo de 2000 y noviembre de 2004.
Por ello, según el TSJM, “nunca existió un justiprecio” por la participación de Rumasa en Galerías Preciados y, por lo tanto, “no hubo obligación de pago”.
El tribunal señala que “carece de objeto” la petición de Ruiz Mateos de que la tasación sea revisada y concluye que las resoluciones impugnadas “son conformes a derecho y deben ser confirmadas”.
La familia recurrirá ante el Supremo
La familia Ruiz-Mateos interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta es la conclusión de un comunicado remitido a este medio por la familia Ruiz-Mateos, propietaria de Nueva Rumasa, en el que insiste que “el Estado sigue sin haber pagado, ni consignado, ni una sola peseta” a los Ruiz-Mateos “en concepto de justiprecio”.
Y todo ello, añade la familia, “a pesar, por ejemplo, de que en el caso de Galerías Preciados, como en tantos otros, el Estado rentabilizó su expropiación vendiéndola a terceros”.
No obstante, nueva Rumasa confía en que, antes o después, se le reconocerá una compensación económica por haberle sido expropiadas empresas que, en 1983, empleaban a más de 65.000 personas. Los Ruiz-Mateos aseguran que continuarán con todas las retasaciones de las acciones de las sociedades expropiadas hace 27 años, “por las que el Estado sigue sin pagar ni consignar un solo euro".
Asimismo, seguirán con las ejecuciones de las sentencias de los justiprecios fijados en su día por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid.
Al margen de esta situación, la familia Ruiz-Mateos dice estar recibiendo propuestas de entidades y fondos de inversión interesados en la adquisición de los derechos de expropiación.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el valor de las acciones de Rumasa era “cero” con independencia de lo que valieran los títulos de Galerías Preciados, ya que el balance definitivo del grupo expropiado arrojó un saldo negativo de 261.129 millones de pesetas (1.569 millones de euros).
Los socios de Rumasa, que poseían indirectamente el 78,62 por ciento de Galerías Preciados, pidieron en dos ocasiones, en noviembre de 2006 y abril de 2007, que sus acciones se volvieran a tasar para tener en cuenta el valor de la participación del grupo en esos grandes almacenes.
Sin embargo, las peticiones fueron desestimadas: en junio de 2007, por la Dirección General de Patrimonio del Estado; y en julio y septiembre de ese mismo año, por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, que rechazó los recursos de los socios de Rumasa.
Posteriormente, Ruiz Mateos recurrió estas decisiones administrativas ante el TSJM y pidió que sus acciones fueran "”retasadas” y que su precio se fijara en 6.133 millones de euros, más un 5 por ciento por los intereses acumulados desde la petición inicial (noviembre de 2006).
Según la sentencia, fechada el 26 de febrero, la cuestión de fondo a dilucidar era “si existió en algún momento una obligación de pagar a los socios de Rumasa algún precio por las acciones” de Galerías Preciados.
El TSJM entiende que, de acuerdo con la legislación vigente, el valor de las acciones de Galerías Preciados para los socios de Rumasa no podía fijarse hasta que se calculara el precio de los títulos del grupo. Para el resto de los accionistas de los grandes almacenes sí se estableció un precio que, con posteriores modificaciones, fue abonado.
Puesto que el balance definitivo de Rumasa arrojó un saldo negativo de 261.129 millones de pesetas, el valor de sus acciones se fijó en “cero pesetas”, tal como establecieron sendas sentencias del Tribunal Supremo fechadas en mayo de 2000 y noviembre de 2004.
Por ello, según el TSJM, “nunca existió un justiprecio” por la participación de Rumasa en Galerías Preciados y, por lo tanto, “no hubo obligación de pago”.
El tribunal señala que “carece de objeto” la petición de Ruiz Mateos de que la tasación sea revisada y concluye que las resoluciones impugnadas “son conformes a derecho y deben ser confirmadas”.
La familia recurrirá ante el Supremo
La familia Ruiz-Mateos interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta es la conclusión de un comunicado remitido a este medio por la familia Ruiz-Mateos, propietaria de Nueva Rumasa, en el que insiste que “el Estado sigue sin haber pagado, ni consignado, ni una sola peseta” a los Ruiz-Mateos “en concepto de justiprecio”.
Y todo ello, añade la familia, “a pesar, por ejemplo, de que en el caso de Galerías Preciados, como en tantos otros, el Estado rentabilizó su expropiación vendiéndola a terceros”.
No obstante, nueva Rumasa confía en que, antes o después, se le reconocerá una compensación económica por haberle sido expropiadas empresas que, en 1983, empleaban a más de 65.000 personas. Los Ruiz-Mateos aseguran que continuarán con todas las retasaciones de las acciones de las sociedades expropiadas hace 27 años, “por las que el Estado sigue sin pagar ni consignar un solo euro".
Asimismo, seguirán con las ejecuciones de las sentencias de los justiprecios fijados en su día por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid.
Al margen de esta situación, la familia Ruiz-Mateos dice estar recibiendo propuestas de entidades y fondos de inversión interesados en la adquisición de los derechos de expropiación.
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