El Parlamento de Andalucía ha acordado una declaración institucional en la que manifiesta su "apoyo y defensa" de la lengua de signos con motivo del día nacional de esta forma de comunicación, que se conmemora este miércoles, 14 de junio.
El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha leído el texto de esta declaración institucional al inicio de la sesión plenaria que ha comenzado sobre las 16,00 horas de este miércoles, en la que ha subrayado que cada 14 de junio se conmemora el Día Nacional de la Lengua de Signos "para promover el papel fundamental" que ésta juega "en la transmisión de ideas, las relaciones personales y sociales y el intercambio de conocimiento".
La declaración institucional defiende que "el reconocimiento de ese día debe venir para llamar la atención de la responsabilidad del conjunto de la sociedad para con las personas con sordera y con sordoceguera".
En este contexto, el Parlamento de Andalucía, "con el apoyo de todos los grupos parlamentarios", manifiesta en el marco de esta declaración institucional su "apoyo y defensa de la lengua de signos por su valor cultural y social", así como su "apoyo a la promoción de la utilización del lenguaje oral y los medios de apoyo necesarios para las personas con sordera que opten por la lengua oral".
De igual modo, desde la Cámara andaluza han acordado "instar a la administración autonómica y local, a los poderes públicos, institucionales, entidades privadas, empresas y a toda la sociedad, a que tengan en cuenta la accesibilidad universal, el diseño para todas las personas y la eliminación de barreras en sus actuaciones, incorporando la lengua de signos", así como promoviendo el "acceso óptimo de las personas con discapacidad auditiva al ejercicio de los derechos en todos sus ámbitos".
De igual modo, con esta declaración institucional el Parlamento manifiesta su "reconocimiento a los profesionales intérpretes de lengua de signos y guías intérpretes de lengua de signos", y "revalida su apoyo al movimiento asociativo que aglutina a todas las personas con discapacidad auditiva, sordera y sordoseguera".
Se trata, según concluye la declaración institucional, de "garantizar que toda la sociedad se pueda beneficiar de su derecho a la información y a la comunicación, la participación igualitaria en la vida social y el ejercicio social, incluidas las personas con discapacidad auditiva, sordera y sordoceguera".
