La nueva ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso tiene como objetivo eliminar la responsabilidad penal de todos los encausados o condenados por actos de intencionalidad política vinculados a la "lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña desde 2013 en adelante". Por tanto, no parece que esta ley pueda afectar a casos como el de los ERE en Andalucía, que se trata de un caso de corrupción política y malversación de fondos públicos que afecta a varios exdirigentes del PSOE andaluz y que se remonta a los años 2000.
Además, la ley de amnistía se enfrenta a varios obstáculos jurídicos y políticos que ponen en duda su viabilidad y su constitucionalidad. Por un lado, la ley de amnistía podría ir contra el artículo 62.1 de la Constitución Española, que prohíbe el indulto general y reserva al Rey la potestad de conceder indultos individuales con arreglo a la ley. Por otro lado, la ley de amnistía podría ser bloqueada por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, o recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, el Defensor del Pueblo o cualquier grupo parlamentario.
Por lo tanto, la nueva ley de amnistía no parece que sea una solución para los casos de corrupción política como el de los ERE en Andalucía, sino más bien una reivindicación del independentismo catalán que busca el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación y la liberación de sus líderes políticos y sociales.
