El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar al Ayuntamiento de San Fernando tras observar indicios de delito y responsabilidad contable en el robo de 7’8 millones de euros. Se trata de una información que ha sido confirmada por el propio Ayuntamiento a través de una nota de prensa en la que aclara que la comunicación municipal a este organismo se hizo en los primeros días del mes abril de 2009 tras conocerse el robo y que el propio organismo comunicó “hace unos meses” la apertura del procedimiento. Asimismo, se informaba de que una vez fuera nombrado el instructor se comunicaría al Ayuntamiento.

“Es importante que sigan dándose pasos en la total confianza de que ese organismo seguirá contribuyendo al esclarecimiento del los hechos denunciados. Una vez más, mostramos nuestra total confianza en la Justicia y en la labor de la Policía para el esclarecimiento de los hechos y esperamos que el Juzgado competente concluya cuanto antes el proceso iniciado tras la denuncia del robo”.

Por su parte, el secretario local del PSOE, Jaime Armario, ha manifestado al respecto la “profunda preocupaciòn” de los socialistas por la situación de “descontrol” existente en la Hacienda municipal que derivaron en el robo progresivo de 7’8 millones de euros, así como que hasta el momento no se haya ejecutado ningún tipo de medida por parte del gobierno encabezado por Manuel Mª De Bernardo para localizar y, en su caso, dirimir las responsabilidades políticas que existen en este caso.

El anuncio realizado por el Tribunal de Cuentas reafirma la denuncia de los socialistas de la existencia de graves responsabilidades políticas y de funcionamiento en este caso que siguen sin ser depuradas, siendo el máximo responsable de esta situación el actual alcalde de la ciudad, Manuel Mª De Bernardo.

"Siempre hemos admitido que es la Justicia la que debe dictaminar quien o quienes son los responsables penales del robo de dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de La Isla y en su proceder confiamos. Ahora bien, la máxima responsabilidad política de ese delito sigue recayendo en la primera autoridad municipal que, por el contrario, sigue resistiéndose a admitirlo y, por tanto, a obrar en consecuencia".

De la misma forma, Armario dice que es "censurable" que transcurrido más de un año y medio desde que la Cámara de Cuentas alertara sobre el desfalco, no se haya producido por parte del anterior gobierno ni del actual ningún tipo de movimiento encaminado a apartar de sus funciones, aún de manera cautelar, a los responsables del funcionamiento de la Hacienda municipal.

"A ello sumamos que en el seno del gobierno local del PA nadie ha asumido su responsabilidad política que, sin duda alguna, poseen por la posible dejación de funciones que subrayan tres informes – el de la Policía, perito judicial y la Cámara de Cuentas- y que posibilitaron el robo. Ahora la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas recalca, a nuestro entender, ese descontrol municipal, esperando por tanto que el anuncio del inicio de otra investigación interpele al alcalde de la ciudad y obre en consecuencia".

Armario se pregunta en qué lugar queda la opinión encargada por De Bernardo a un abogado administrativo para defenderse de estas graves acusaciones. Qué resultado para la ciudadanía en general ha tenido el gasto de 60.000 euros de dinero público que De Bernardo ha empleado en contratar un informe cuyo fin último –el de preservar su supuesta buena gestión frente al robo- vuelve a ser puesto en entredicho. "Asumimos que el alcalde se encuentra en su derecho de intentar defenderse de las acusaciones de mala gestión y responsabilidad política del robo que contra él se han vertido pero no utilizando dinero público".

"La acción del Alto Tribunal esta fundamentada en hechos constatables y no opiniones, por lo que deseamos que desde el gobierno andalucista no vuelva a ponerse en duda la imparcialidad de un órgano democrático de control fiscal tal y como ya hiciera con la Cámara de Cuentas", dice el secretario local del PSOE.

"Esperamos que por una vez la sensatez se apodere del alcalde y presente su dimisión y asuma su circunstancia de máximo responsable político del robo de 7’8 millones de euros, por el bien de la ciudad y de la institución pública a la que representa, antes de que un veredicto le obligue a ello".