El informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado este viernes 15 de marzo con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores pone en el punto de mira la precariedad económica que azota a las familias andaluzas, situándolas como las menos solventes de España, según los datos revelados por el estudio.
Andalucía registra un índice de solvencia de 42.4, lo cual no solo la coloca en la última posición en comparación con el resto de las Comunidades Autónomas, sino que también destaca la brecha significativa que la separa de regiones como Navarra y Aragón, que lideran la tabla con índices de 53.3 y 51.9 respectivamente. Este índice es el resultado de una meticulosa encuesta realizada a 3.634 personas de 25 a 79 años, cuyos datos revelan que las dificultades económicas no son ajenas a casi ninguna región de España, pero son particularmente severas en Andalucía.
El Índice de Solvencia Familiar de la OCU, calculado a partir de la encuesta representativa, ha servido para ilustrar la profunda disparidad regional en cuanto a la economía doméstica. Andalucía, que tradicionalmente ha luchado contra tasas de desempleo más elevadas y problemas estructurales y que analiza 37 conceptos de gasto repartidos en seis ámbitos diferentes, indica que un 50% de las familias tienen dificultades para adquirir alimentos frescos como carne y pescado, transformando la nutrición adecuada en un lujo para muchos. Esta situación ha llevado a la OCU a solicitar medidas gubernamentales específicas, como la reducción del IVA de la carne y el pescado y el aumento de las ayudas directas a los consumidores vulnerables.
Mientras Andalucía se enfrenta a estos desafíos, otras comunidades como Navarra y Aragón exhiben una mayor resiliencia financiera familiar. Incluso dentro del contexto de una leve mejora generalizada en la solvencia a nivel nacional —de un índice de 45.8 en 2022 a 46.0 en 2023—, la realidad andaluza destaca como particularmente preocupante.
La situación en Andalucía es aún más alarmante al considerar que la tendencia positiva que se ha observado en comunidades como Navarra, que no solo está por encima de la media nacional sino que además ha visto mejoras en su índice desde 2022, señalando un aumento en la solvencia familiar y un panorama más pesimista para sus habitantes.
El estudio de la OCU, La leve mejoría general de la solvencia familiar en España, que ha pasado de un índice de 45.8 en 2022 a 46.0 en 2023, sigue sin alcanzar los niveles previos a la crisis económica, dejando a un 72% de los hogares sin la posibilidad de ahorrar.
Por otro lado, la OCU ha puesto de manifiesto el aumento de las dificultades para hacer frente a gastos fundamentales como la hipoteca, el alquiler y la compra de productos frescos, lo que pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de buena parte de la población. De hecho, la subida del Euríbor ha impactado directamente en las hipotecas a tipo variable, agravando aún más la carga financiera de muchas familias. Las familias con varios hijos, aquellos con miembros desempleados o las familias monoparentales, enfrentan los mayores desafíos. En contraste, las parejas jubiladas y los jóvenes solteros presentan una situación relativamente más cómoda.
La OCU ha enfatizado que la crisis económica actual no afecta solo a la capacidad de las familias para cubrir sus gastos de vivienda y servicios básicos, sino que también limita su acceso al ocio y la cultura, esenciales para una vida equilibrada y plena.
La OCU subraya que, si bien la situación ha mostrado ligeras mejorías, las secuelas de las alzas de precios en años recientes siguen afectando la capacidad de las familias andaluzas para cumplir con gastos esenciales. Esta situación es una llamada a la acción para políticas específicas que aborden la brecha de solvencia, no solo en Andalucía sino en todas las regiones que se enfrentan a desafíos similares, y para buscar estrategias que igualen las condiciones de vida en toda España
