El Congreso ha echado el cierre por el paréntesis estival con medio centenar de leyes en tramitación y, de ellas, más de la mitad acumulan entre dos y ocho meses de parón con sucesivas prórrogas acordadas por la Mesa de la Cámara donde el PSOE y Sumar tiene mayoría. El bloqueo afecta incluso a seis proyectos del ley del propio Gobierno de coalición, congelados pese a que, en teoría, se tramitan por el procedimiento de urgencia.

El más antiguo de estos proyectos es el que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que superó el debate de totalidad en febrero y desde entonces suma ya 20 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas.

Por su parte, la ley de movilidad sostenible, la ley de familias y la que pretende agilizar la tramitación de reclamaciones de consumidores, van a pasar como poco medio año esperando a pasar el primer filtro del Pleno, pues la presentación de enmiendas de totalidad se ha prorrogado hasta septiembre. Y lo mismo pasa con la relativa a la de defensa del cliente financiero, que el Gobierno envió a la Cámara en abril. Ese mismo mes se dio luz verde a la discusión de la ley que crea la Oficina de Derechos de Autor pero habrá que esperar a después del verano para cerrar el plazo para las enmiendas parciales.

Además, hay otros cuatro proyectos de ley del Gobierno que recalaron en la Cámara en junio --sobre navegación aérea, universalidad del sistema nacional de salud, responsabilidad civil y seguro de circulación e impuesto complementario para grandes empresas-- que aún no han sido tomados en consideración por el Pleno.

También se convalidaron en junio y se tramitaron como proyectos de ley el decreto que prorroga la suspensión de desahucios, el de descuentos para jóvenes que viajen en autobús o tren en verano y el que busca mejorar el nivel asistencial de la prestación por desempleo. La presentación de enmiendas de totalidad a todos ellos será como pronto en septiembre.

Igual sucede con otros cuatro proyectos de ley aprobados por el Gobierno durante junio y julio, pese a que han pedido su tramitación por el procedimiento de urgencia: la nueva Ley del Cine, la que busca consolidar la equidad en el sistema de salud, la de Función Pública y la que regula el comercio de derechos para la emisión de gases con efecto invernadero.

Además, hay cuatro proyectos de ley a los que ya se han presentado enmiendas pero cuya tramitación sigue paralizada porque no se ha convocado la ponencia para discutirlas. Dos de ellos tienen su origen en sendos decretos leyes que fueron aprobados en diciembre por el Gobierno y se convalidaron en enero pero se tramitaron como proyectos de ley.

Es el caso de uno de los llamados decretos anticrisis --con medidas que ya han sido prorrogadas en decretos posteriores-- y del de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Pese a que ambos se tramitan por la vía de urgencia y las enmiendas se presentaron hace cinco meses, siguen sin avanzar.

Con las enmiendas listas desde finales de marzo, está la transposición de la Directiva europea para a unas condiciones laborales transparentes, que también se tramita de urgencia, y el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, con la ponencia pendiente desde finales de mayo.

Y tampoco se han discutido aún las enmiendas registradas a la reforma del Reglamento del Congreso para adaptarlo al lenguaje inclusivo de género, pese a que están registradas desde el 23 de mayo y también va por vía urgente.

Además hay 'congeladas' hasta ocho proposiciones de ley impulsadas por grupos parlamentarios. El récord de 'hibernación' --ocho meses-- los tienes textos firmados, respectivamente, por el socio minoritario del Gobierno y Esquerra Republicana.

La de Sumar persigue la despenalización de determinados delitos de opinión. El Pleno la aceptó tramitar en diciembre de 2023 y acumula ya 21 ampliaciones, las mismas que la ley de ERC para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes.

Hasta en 17 ocasiones se ha prorrogado el registro de enmiendas a la modificación de la Ley del Poder Judicial sobre la jurisdicción universal, también de Sumar, y por 16 va ya la reforma de la Ley de Secretos Oficiales planteada por el PNV, que recibió el visto bueno del Pleno en marzo.

Además, las tres leyes relativas a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), de PSOE, PP y Junts, respectivamente, siguen paralizadas y las enmiendas parciales no se registrarán al menos hasta septiembre. Se está trabajando en una ley que unifique los tres presentados pero no acaba de haber acuerdo.

Desde que se tomó en consideración a finales de abril tampoco ha avanzado la ley del PP para la conservación del lobo, igual que la reforma de la ley de cadena alimentaria propuesta por ERC, que se aceptó tramitar en mayo.

Ya en junio, el Pleno dio luz verde a la tramitación de otras cuatro leyes que arrancarán como pronto en septiembre: dos del PSOE --para mejorar la protección a los donantes de órganos vivos y convertir en agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones-- y otras dos del PP --una contra la multirreincidencia y otra para que el Gobierno informe a las Cortes antes de los Consejos Europeos--.

En esta legislatura el bloqueo afecta especialmente a las leyes que envía el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En concreto hay nueve proposiciones de ley en esta situación, entre las que destaca una reforma del IVA, que lleva viendo como se prorroga el plazo de enmiendas desde diciembre.

En similares circunstancias están otras leyes sobre dependencia, ocupación ilegal, montes, funcionarios de prisiones, edad de jubilación de policías y guardias civiles, cuotas patronales en Ceuta y Melilla, afectados por la talidomida, y sendas reformas del Código Penal, de la Ley de Costas, de la de Ley de Bases de Régimen Local y de la Audiencia Nacional.

Tampoco ha dado más pasos desde que Congreso dio luz verde a su tramitación en febrero la proposición de ley procedente del Parlamento catalán para garantizar que haya cajeros automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera, que acumula ya 19 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas. Igualmente, se va a septiembre la enviada desde Galicia sobre la transferencia de la AP-9.

A todo esto se añade la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de inmigrantes, que recaló en el Congreso en la anterior legislatura, y que el Pleno aceptó tramitar el pasado mes de abril.