No tengo yo muy claro cuanto gana un médico de la Seguridad Social en España. Por supuesto que no todos igual. Depende de un montón de factores que no entraré a analizar porque no trato de hacer un máster en ciencias exactas ni tampoco es, en esencia, el asunto a tratar en este artículo. No obstante, no quisiera seguir adelante sin dejar constancia de que, dependiendo de la comunidad autónoma, la especialidad, la consideración del centro, el rango jerárquico, las guardias, la antigüedad y otros pluses a considerar, el que menos cobra, supera la renta per cápita de nuestro país, fijada por la dudosa estadística en 35.000 euros anuales. Los emolumentos de los galenos no son cifras para entrar en las listas Forbes, pero dan de sobras para hipoteca y pensión completa. Y si no pones el listón muy alto, seguro que también dan para aburrirte deliciosamente durante el mes de vacaciones en cualquier rinconcito de veraneo no muy pretencioso.

Los médicos de la salud pública que se consideran suficientemente remunerados, llegarán a su jubilación satisfechos por la labor social cumplida y punto. Por el contrario, aquellos que se sienten sometidos salarialmente, buscarán en los centros privados incrementar sus ingresos para acabar sus carreras profesionales más fatigados que los otros, pero con más ceros en la cuenta corriente. Y no seré yo quien los censure. Que cada uno es libre de actuar según sus intereses personales dentro de la legalidad. Dicho lo cual, no suscribo que esté de acuerdo con esta confusa ética profesional consentida. Mi visión personal difiere mucho de lo que los legisladores, pasados, presentes y, mucho me temo, futuros, contemplan al respecto.

Aquí resulta que, en esta España, catedrática en despropósitos, se beca a un estudiante de medicina con dinero público. Se le prepara en sus etapas MIR con dinero público. Se le costea una consulta con dinero público. Se contribuye a potenciar su experiencia con dinero público. Se le remunera con dinero público y se le facilita un prestigio con dinero público para que justo en ese momento aparezca la aseguradora privada de turno y, sin pagar cláusula de rescisión ni prima de fichaje que valga, lo incluya en su lista de especialistas y a ganar pasta. Razón irrefutable para asegurar que la medicina privada anima al facultativo público a decidir en función del beneficio en lugar de la vocación. El médico en ese momento deserta de su integración en un equipo de trabajo para pasar a contemplar a sus colegas como meros competidores. Se acabaron las reuniones en salas de juntas, las opiniones y decisiones entre compañeros. Aquí, yo valoro, diagnostico, paso la tarjeta y a otra cosa mariposa. Como digo, la legalidad lo permite y esa precisamente, es la finalidad crítica que pretendo tratar.

Parece cuanto menos discordante, contemplar a los políticos apologistas de la asistencia Sanitaria Universal, exhibiendo sin rubor su indecencia, al permitir que se realicen diariamente en España miles de intervenciones quirúrgicas en centros privados habiendo sido esos pacientes derivados precisamente desde la Sanidad Pública para descargar las listas de espera. El aquejado pica el anzuelo porque vive en el error de que la medicina privada es mejor que la pública. Generalmente confundido porque las habitaciones son individuales, tienen TV, gozan de un ambiente más íntimo, sirven mejores comidas y las atenciones son más cuidadosas. Pero se olvidan de que hablamos de medicina y no de hostelería. La mayoría de las clínicas privadas no disponen de bancos de sangre, de especialistas de guardia o de equipos de reanimación cardiovascular. Te juegas la vida por una habitación con persianas venecianas y no lo sabes.

Lo que hacen esos políticos turbados metiendo dinero público en los bolsillos de los mercaderes de la sanidad, es apuñalar su propia ideología impidiendo con ello el robustecimiento de uno de los pilares más importantes de la comunidad por no decir el que más. Porque sin salud no hay nada. Con esa fuga de millones se promovería la investigación. Se aumentarían las plantillas. Se potenciaría la atención al ciudadano. Se reducirían las listas de espera y los hospitales no quedarían despoblados a las tres de la tarde.

La proliferación de aseguradoras privadas y la integración del ramo de salud en las ya existentes, son una evidencia incuestionable de lo que está ocurriendo.

Manifiesto mi disconformidad con que se permita a los médicos de la Sanidad Pública trabajar también en la privada, taponando entre otras cosas, el acceso a los nuevos licenciados que ven recortada una de las vías laborales que tienen para ejercer su profesión.

El tema de los facultativos que remiten desde sus consultas en la Administración a las suyas personales a determinados pacientes con el pretexto de examinarlos minuciosamente para vaciarles la cartera, debería castigarse porque éticamente no tiene ningún sustento moral. ¿Se encarga alguien en este país de interesarse por ello?