El Defensor del Pueblo andaluz reclama a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía "actuaciones estructurales y permanentes" en materia de personal en los centros de valoración y orientación de la discapacidad (CVO) de las ocho provincias andaluzas y que dicho departamento "traslade" a la Defensoría "cuándo se hará efectivo" el incremento de personal "en los presupuestos" autonómicos.
En este sentido, la consejera Loles López ha recordado recientemente en sede parlamentaria los 60 puestos de trabajo "estructurales" para los CVO en Andalucía, "una de las medidas contempladas en la reforma emprendida a principios de año para mejorar la atención y servicio que se presta en dichos centros". Esta reforma "estructural" tiene como ejes un incremento del personal, "que se ha puesto de manifiesto con la creación de 60 puestos de trabajo, de los que ya se han cubierto 47 en tiempo récord"; una mejora del procedimiento y una apuesta por la innovación tecnológica. En cuanto a los puestos de trabajo, ha señalado la "dificultad" de incorporar médicos dado el "déficit" de facultativos.
En una resolución publicada y consultada por Europa Press, el Defensor del Pueblo andaluz pide que "se incorpore a la solicitud de reconocimiento o revisión del grado de discapacidad casillas en las que la ciudadanía pueda reflejar de forma clara que, bajo su criterio, se trata de un supuesto de priorización de expediente, de manera que pueda verificarse de forma rápida y eficaz este cuestión" por parte de los centros "siempre y cuando dicha priorización no esté sometida a enjuiciamiento crítico del personal técnico".
Esta resolución deriva de una queja de oficio abierta por la Defensoría del Pueblo andaluz a raíz de las reclamaciones que empezó a recibir sobre este particular en 2020; quejas en las que se "ponían de manifiesto las dilaciones en los nueve centros de valoración y orientación de la comunidad andaluza en materia de discapacidad tanto en los expedientes de valoración inicial como en los de revisión".
Posteriormente, el organismo abrió de oficio una actuación en la que dejó constancia de que, en cuanto a la valoración inicial del grado de discapacidad, "son alarmantes los datos proporcionados por las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada". Respecto a las tarjetas de aparcamiento, también alertaba de la situación en Granada, Sevilla, Córdoba y Almería. En lo concerniente a las revisiones, "los retrasos son elevados tanto en las solicitadas de parte como en las de oficio".
A la hora de abordar los expedientes, la Ley fija que deben priorizarse aquellos en los que estén involucrados menores, pacientes con enfermedades neurodegenerativas y solicitantes de pensiones no contributivas por invalidez, por ejemplo. En relación con esos criterios de priorización, "debemos comentar que no son pocas las quejas que esta institución ha recibido, sobre todo, en relación a expedientes de menores de 6 años y mayores de 65 donde, desconociendo el motivo, los mismos no habían sido calificados como prioritarios".
"En muchas de las quejas, donde los interesados debían ver sus expedientes resueltos en tres meses, ya llevaban una demora de doce, quince e incluso 20 meses". "No es difícil comprender que, atendiendo al volumen de entrada de expedientes y a la falta de personal en los centros, puedan darse este tipo de situaciones en las que se pasen por alto ciertos expedientes. Por ello, considera esta Institución que una buena forma de evitar este tipo de errores es la de crear un nuevo formulario de solicitud del reconocimiento o revisión del grado de discapacidad en el que se incluyan casillas de priorización de expedientes".
En relación con las tarjetas de estacionamiento para vehículos de personas con movilidad reducida, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía va a cambiar la orden que las regula para eliminar supuestos "obsoletos" y para agilizar su tramitación. Así, una de las "principales mejoras" que se incorporará al texto es que "una vez obtenido un mínimo del 33% grado de discapacidad, automáticamente, se notificará la tarjeta de aparcamiento junto a la resolución del grado".
Fuentes de la Consejería de Loles López confirmaban a Europa Press que se actualizará la norma para así adaptarla al Real Decreto de 2022, en el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que incluye un nuevo baremo para la evaluación de las 'Limitaciones en las actividades de movilidad (BLAM)'.
La Junta de Andalucía expidió en 2023 un total de 18.076 tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, lo que supuso un 6,5% más que en el año anterior, cuando se tramitaron 16.977. "Entendemos que es necesario abordar la aprobación de una nueva orden en la medida que la actual ha quedado obsoleta, y sería necesario hacerlo a la mayor brevedad".
