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Andalucía

Supremo pide a la UCO números y titulares de los dispositivos intervenidos a Ortiz

Es necesario saber si el fiscal general "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad y "los IMEI afectados"

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  • El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. -

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha remitido un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le facilite los números de teléfono y de IMS/IMEI y la titularidad de las tarjetas de los dispositivos móviles intervenidos en el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Hurtado ha dictado una providencia para solicitar a la UCO esa información que figura en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general, investigado por la presunta filtración de un correo en el que el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumía haber defraudado a Hacienda.

En la providencia, Hurtado, instructor de la causa, señala que adopta esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo.

Este mismo lunes, una de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha solicitado ampliar la imputación del fiscal general en un escrito en el que ha puesto el foco en el posible cambio de números de teléfono de miembros del equipo de García Ortiz.

En su opinión, es necesario saber si el fiscal general "ha cambiado de terminal móvil" desde el 13 de marzo hasta la actualidad y "los IMEI afectados" porque "la UCO ha podido peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo".

Dichos días son clave en la investigación pues el 14 de marzo por la mañana se publicó por primera vez la carta íntegra de reconocimiento de delitos que venía en el correo en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto al fiscal. 

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