En el robo de la Caja del Ayuntamiento de San Fernando, al día de la fecha, hay varias cuestiones que son inamovibles, entre ellas la certeza de que el dinero no se va a recuperar porque si no estuviera en España no hay intención de colaboración de un Gobierno vecino del sur.

La segunda de las cuestiones que además se han venido repitiendo desde el 1 de abril de 2009, es que encontrar el dinero -o el rastro del dinero, que no es lo mismo- está siendo más complicado por las prisas que se dio el Ayuntamiento en denunciar el alcance de los primeros 480.000 euros, en vez de avisar a la Policía y que ésta hubiera investigado desde dentro incluso colocando cámara de vigilancia y grabación.

La tercera es que la Policía siempre ha apuntado a los mismos actores desde el principio y sin ningún género de dudas. Esto es, a uno de los dos imputados y el único que ha estado más de año y medio en prisión, Clemente Ruiz García -de su compañera de Caja piensa que sólo estaba allí y que es completamente inocente- y a una familia de origen marroquí que entabló relación con el ex cajero municipal coincidiendo con las primeras irregularidades contables en las arcas municipales.

La conexión marroquí
Pues bien, esa familia marroquí, y sobre todo el cabeza visible, español de Ceuta, A.B.A.L., pasó de tener una humilde tienda de comestibles a un negocio de venta de quad, Team TR Quad San Fernando SL, que además resultaba ruinoso y por el que incluso Hacienda le reclama cantidades de dinero por no cumplir con sus obligaciones fiscales, quizá debido a lo ruinoso del negocio.

Esa ruina, sin embargo, en esta y en otras actividades en las que de una forma u otra han estado íntimamente ligados el empresario ceutí en cuestión y el ex cajero municipal, no impidió que se gastaran sumas de dinero especialmente llamativas, pagadas generalmente en metálico, por operaciones de todo tipo localizadas en San Fernando.

Y eso es precisamente lo que ha hecho que la Policía optara por esa línea de investigación encontrando cada vez más evidencias de sus sospechas, aunque para ello haya tenido que seguir el rastro del dinero en efectivo que ha sido y es lo que dificulta la investigación y que explica la tardanza que está haciendo que los ciudadanos pierdan la fe en un pronto esclarecimiento del caso. Aunque no aparezca el dinero.

Es preciso aclarar que lo que este periódico va a contar son datos perfecta y documentalmente contrastados de cómo una familia pasa de tener una tienda de comestibles a un pequeño imperio -a juzgar por su disponibilidad económica, cuyo declive coincide, precisamente, con la detención de los ex cajeros municipales y hasta la entrada en prisión de Clemente Ruiz García- en la ciudad.

Casualidades o causalidades
Obviamente, esos datos sólo evidencian -y así deben entenderse- una serie de casualidades y causalidades que no puede derivarse en una acusación, habida cuenta que se trata sólo de una parte de una vasta investigación que por muy demoledora que resulte para el ex cajero y ahora para su amigo, el propio Clemente Ruiz manifestaba en rueda de prensa que iba a rebatir “una por una” cada acusación que le hacía el informe policial en su contra. Esto es, que como en todo proceso, es sólo una parte del mismo y prevalece la presunción de inocencia de todos los acusados hasta que se demuestre, si es que se demuestra, lo contrario.

Es más, hay que señalar que la mayoría de los miembros de la familia ceutí y marroquí no han tenido encontronazos con la Justicia, salvo en algunos casos por problemas de extranjería y de las investigaciones se deduce que no realizan actividad delictiva o no delictiva que pudiera procurarles el dinero ilegal o legal para mantener los gastos que han estado realizando desde el año 2004 hasta cercano el mes de abril de 2009 (cuando detuvieron a los dos ex cajeros municipales). Ni siquiera fueron detenidos a raíz del robo de la Caja, aunque es cierto que la Policía registró todos y cada uno de los domicilios de las personas de la familia principal y parental.

Un indicio más
Esa constancia, precisamente, todavía inclina más la investigación sobre el robo de la Caja a la posibilidad de una conexión entre Clemente Ruiz García y la familia de A.B.A.L., que dicho sea de paso, aparece en las investigaciones con varios miembros como titulares de operaciones en todas las cuales está de forma presencial el ex cajero municipal. Y con pagos en efectivo.

Partiendo del principio, la familia de A.B.A.L., asentada en San Fernando desde 2001, y la de Clemente Ruiz, vivían en la zona de San Ignacio en el año 2003 y la primera de ellas vivía de alquiler y disponían de un local destinado al comercio al por menor denominado La Jota.

Curiosamente, la actividad de ese local cesó en el mes de julio de 2003, aunque mantuvieron el contrato de suministro eléctrico con Endesa, ya a nombre de A.B.A.L. hasta el mes de abril de 2006, a pesar no tener consumo alguno.

¿Cómo comienzan los dos casos -o las dos familias- a unirse económicamente? Pues bien , según las investigaciones conocidas una vez que se levantó el secreto del sumario -aunque este periódico adelantó buena parte de ellas- la primera vez que se detecta el quebranto de una hoja de caja en el Ayuntamiento fue el 29 de abril de 2004, aunque todo parece indicar que las retiradas de efectivo se debían estar produciendo desde el menos un año antes, en 2003, suponiendo ya en abril de 2004 un total de 452.355 euros.

El apogeo
A Clemente Ruiz se le suponía en esa fecha una presunta disponibilidad económica de unos 450.000 euros, y en esa fecha, también, el humilde tendero A.B.A.L. junto al ex cajero adquieren una creciente capacidad inversora.
El segundo de ellos pasa de la tienda al por menor a tener acciones de Coviran y además abrió establecimientos de esta firma en la calle San José y San Antonio y otro en la calle Mariana de Arteaga, 40, además de un videoclub.

El establecimiento de comestibles de Mariana de Arteaga, una vez cerrado, fue la sede, aunque con salida a la calle San Onofre, de la tienda de motos de cuatro ruedas o quad, cuyo domicilio social estaba en Ceuta y fue trasladado a San Fernando en el año 2004.

El alquiler del local tenía un coste mensual de unos mil euros, que fueron satisfechos religiosamente al propietario en efectivo durante cinco años. Y dejó de pagarse, precisamente, en el mes de abril de 2009, cuando fue detenido Clemente Ruiz García. El contrato se renovó a nombre de otro miembro de la familia de A.B.A.L., en el mes de mayo de 2009, aunque no llegaron a abonar ninguna mensualidad y el documento está denunciado por el propietario del local mencionado.

Otra casualidad que la investigación tiene en cuenta y que son muchas más, aunque derivada de la misma, es que la empresa Tead TR Quad también alquiló el local de la calle San Onofre, 5 en 2004, siendo Clemente Ruiz García el avalista, dejando de pagarse la cantidad estipulada -481 euros siempre en efectivo- en abril de 2009.

Con libretas de ahorro del empresario ceutí en su mesa de trabajo
A A.B.A.L. se le localiza como principal presunto colaborador, aunque la condición de familia se extrae del hecho de que todos los miembros de origen marroquí -aunque algunos de ellos ciudadanos españoles de Ceuta, caso del propio A.B.A.L.-, dependen de las mismas y únicas actividades.

Lo narrado hasta ahora es sólo la punta del iceberg, aunque obviamente las relaciones tanto empresariales como familiares entre A.B.A.L. y Clemente Ruiz García dan para mucho a lo largo de los cinco años de actividad conjunta.

Como ya se informó en su momento, la Policía relacionó a ambos a raíz de que en la mesa de trabajo de Clemente Ruiz en el Ayuntamiento se encontraran cartillas de ahorro a nombre de A.B.A.L. y de ahí que se descubriera que el ex cajero era el avalista de diversos préstamos del empresario ceutí, que la esposa de Clemente estuviera contratada por la tienda de motos y que la esposa de A.B.A.L. estuviera a sueldo de Clemente en la inmobiliaria Nora. Una correspondencia entre ambas familias que los investigadores creen que utilizaban para poder cobrar el desempleo, que de hecho cobraron en ambos casos.

Registros
En el registro efectuado en 2009 por la Policía en el domicilio de Clemente Ruiz -ya no vivían en San Ignacio, sino en sendas unifamiliares en la zona de Camposoto y eran vecinos- y en la inmobiliaria Nora se encontraron proyectos de obras a nombre del presunto socio ceutí e incluso consta a la Policía que el ex cajero municipal ingresó cantidades en efectivo en cuentas de A.B.A.L.

Hay que decir al efecto para evitar equívocos, que las dos familias viven en inmuebles próximos de una misma promoción, de una misma propietaria y administradora pero en régimen de alquiler. Eso sí, con el mismo régimen de alquiler.

Esa situación es circunstancial, ya que se conoce que Clemente Ruiz García tuvo intención de comprar las viviendas 27B y 29 de la Carretera de Camposoto. No lo hizo porque la propietaria sólo accedió al alquiler, lo que no impidió que el ex cajero hiciera diversas obras de mejora en el inmueble ante la expectativa de comunicar las dos viviendas.

Relaciones opacas
Una de las curiosidades de este caso es que a pesar de la notable relación empresarial y de amistad entre las dos familias, la de Clemente y la de origen marroquí, ninguna de las dos se ‘esforzaban’ por demostrarlo, independientemente de la relación contractual de ambas mujeres trabajando en las empresas de los esposos (cambiados, claro). Antes bien, estaba inmersa en una opacidad que precisamente puso sobre aviso a los investigadores para llegar a donde han llegado.

Según las primeras informaciones de la Policía, conocidas a raíz de levantarse el secreto del sumario, no había comunicación telefónica por la línea fija entre las dos familias, aunque sí se llegó a intervenir una línea móvil en la que quedaron patentes los lazos de amistad entre las dos familias.

Este dato, sin embargo, es matizable, ya que la intervención de las líneas de teléfono se hicieron después de ser detenidos los dos ex cajeros. O sea, lo que dice la Policía: que las prisas municipales por denunciar hurtaron la posibilidad de una investigación más efectiva.