La patronal de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) ha anunciado que en la hoja de ruta aprobada por el colectivo con motivo de la retirada de conciertos a varios colegios de la comunidad autónoma por parte de la Consejería de Educación de la Junta se encuentra llevar el caso ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige José Chamizo.
El secretario general de ECA, Carlos Ruiz, ha indicado a Europa Press que, asimismo, también se ha acordado el inicio de contactos con otras patronales, sindicatos de la enseñanza concertada --con FSIE y USO como principales referentes-- y asociaciones de madres y padres de alumnos con vistas a actuar de manera "coordinada", en un listado de acciones que, con todo, debe ser sometido al visto bueno de los titulares y profesores en asamblea el próximo 15 de marzo.
Se trata, según ha explicado Ruiz, de "tomar, de seguir esto así, todas las medidas necesarias que estén a nuestro alcance para afrontar una situación injusta". Así, ha confirmado que se optaría por la vía judicial, al igual que los agentes sociales implicados han decidido llevar a cabo en otro conflicto vinculado a éste, el de la supresión de la subvención a los colegios de educación diferenciada por sexo en Andalucía en base a resoluciones del Tribunal Supremo que rechazan conveniar con fondos públicos este modelo pedagógico.
"Se tiene que pronunciar la asamblea, pero en principio habría dos tipos de medidas, las que adopte la patronal y las que cada centro decida presentar por sí mismo", ha añadido el secretario general de ECA, cuyo homólogo en la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, Rafael Caamaño, ha confirmado a Europa Press la toma de contacto con Escuelas Católicas para intervenir con "coordinación".
Ruiz ha hecho hincapié en el "choque" que para la patronal ha supuesto la decisión "unilateral" de la Consejería de Educación --máxime cuando en una reunión previa la Junta llamaba a la "tranquilidad"-- a la hora de acometer esta iniciativa, "de suma gravedad" por cuanto las unidades afectadas son de 1º de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, "lo que conlleva que progresivamente irán suprimiendo una línea de Educación Obligatoria".
El secretario general de ECA ha cifrado en diez los centros educativos afectados por esta medida. De éstos, "uno está asumido porque no tiene la demanda necesaria", si bien los otros nueve, repartidos por todo el territorio andaluz, con especial incidencia en Jaén --en Bailén, Linares y Úbeda--, "tienen demanda más que suficiente". La acción de la Junta afectaría a 3.000 familias y casi 200 profesionales.
