El Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva al crédito extraordinario de 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para hacer frente al pago de los costes de producción eléctrica ocasionados por los incentivos económicos para el fomento de la producción a partir de fuentes de energías renovables.
El proyecto de ley, aprobado el pasado mes de febrero, ha contado con los 166 votos a favor de los diputados de PP, UPN y Foro Asturias, mientras que PSOE, UPyD, CiU, PNV, CC, Geroa Bai y el BNG se han abstenido. Tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como ERC, Amaiur y Compromís-Equo han rechazado la iniciativa, que no ha incorporado ninguna enmienda.
En su intervención en defensa del proyecto de ley, el portavoz de Energía del PP, Antonio Erías, ha recordado que "cuando se produce una necesidad de gasto y no se cuenta con ingresos hay que acudir a un crédito extraordinario" pero ha rechazado que esto constituya "es una chapuza o una arbitrariedad". "Lo único que intenta hacer este proyecto de ley es que los consumidores no sean una vez más los que soporten estos resultados que desafortunadamente se están produciendo", ha añadido.
Además, ha rechazado que se esté "culpabilizando a ninguna tecnología", ni siquiera a las renovables, del déficit de tarifa. "Simplemente se describe la realidad del sector eléctrico", ha afirmado, aunque a renglón seguido ha recordado que el coste por megavatio de este tipo de producción está muy por encima de la media del pull y que la regulación de incentivos impulsada por el anterior Gobierno socialista provocó un "efecto llamada" que provocó un "exceso de mercado" e incrementó los costes.
Por último, ha defendido que Industria lleva un año y medio tomando decisiones para "sentar las bases para la estabilidad" y la "sostenibilidad financiera y económica" del sistema eléctrico, paso previo para reformarlo en profundidad.
HACE FALTA UNA REFORMA INTEGRAL
Sin embargo, prácticamente toda la oposición ha criticado un nuevo "parche" ante el problema del déficit de tarifa y han reclamado una reforma integral del sistema eléctrico que vaya a la raíz del problema. Además, han rechazado que se culpabilice a las renovables y que se transforme en deuda pública este desequilibrio del sector.
Así, Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, cree que este "nuevo parche" para intentar "solucionar en el último momento" los desajustes del sector se suma al resto de "parches" que se han ido aprobando desde el inicio de la legislatura. "No se va a la raíz del problema. No es cuestión de recortar a ver si esto se soluciona, sino que hace falta una visión estratégica y saber qué modelo energético queremos", ha dicho, recomendando una auditoría previa sobre la deuda antes de tomar más decisiones.
Esto apuntaría seguramente, según ha dicho, a las grandes cinco eléctricas, que están "sobrerretribuidas", engrosando así el déficit de tarifa mientras se culpabiliza a las renovables, que no son las responsables de estos extracostes. "Esto seguramente tendrá que ver con la presencia de muchos políticos en estas empresas. Sólo desde 2007 se sientan 40 políticos en los consejos de administración", ha añadido.
La diputada de ERC Teresa Jordá cree que "contener el déficit de tarifa gracias a un crédito extraordinario a costa de la deuda pública es un brindis al sol y un atraco a mano armada a los contribuyentes" y ha responsabilizado del desfase a la "ausencia de visión estratégica" en un sector "falsamente liberalizado" que pone "precios irreales" para inflar sus beneficios. De hecho, ha recordado que los 2.200 millones de déficit son "menos que el beneficio que las cinco grandes eléctricas llevan acumulado en lo que va de año".
Joan Baldoví, de Compromís-Equo, dice que este crédito es "una chapuza, un parche más en el descontrol" del sector eléctrico, y ha criticado que se convierta en deuda pública una parte del déficit "demonizando" a las renovables. Por eso, ha pedido que se analicen todos los costes del sistema antes de afrontar la reducción del déficit tarifario, y que las primas pasen a formar parte del coste de la energía puesto que se dan a la producción.
HAY QUE AFRONTAR EL PROBLEMA
El portavoz de Energía del PSOE, José Segura, comparte la preocupación por el déficit tarifario, pero critica tanto la miríada de medidas aprobadas por el Gobierno en estos meses como su forma de evaluar el origen del problema, acusando a las renovables cuando "esta insuficiencia (financiera) sólo se puede explicar desde la perspectiva política" de no querer "asumir el coste político de subir tarifas o costes regulados" así como de calcular los ingresos ex ante.
"(El déficit de tarifa se debe a) la falta de coherencia entre el resultado de un modelo de fijación de precios en un sector económico regulado y la asunción de los costes por parte del sistema", ha explicado, señalando que los 34.000 millones de euros acumulados de déficit a finales de 2012 se derivan de que "los costes del sistema han experimentado un incremento notablemente superior al IPC".
Pero eso se deriva de partidas tan diversas como los intereses de la titulación, los sistemas insulares y extrapeninsulares, el transporte o la distribución. Por ello, aunque "es cierto que las renovables han sido coadyudantes" al problema no son la causa "exclusiva". Así, ha justificado su posible abstención en que el proyecto es "necesario" aunque no compartan algunos aspectos como el propio título de la ley.
SERIE DE OCURRENCIAS
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha dicho que ésta es "la última salida de toda una serie de ocurrencias" para afrontar el déficit de tarifa, y se ha preguntado "cómo no se presenta de una vez una política energética digna de ese nombre". "Seguimos ignorando cómo se forman los precios y, hasta que eso no se sepa, no se podrá hacer frente democráticamente y con transparencia al problema", ha añadido, anunciando su abstención.
Toni Picó, de CiU, reconoce que es necesario sufragar el desajuste del sistema, por lo que este crédito es "una medida coyuntural necesaria", aunque ha apuntado que "resulta como mínimo desconsolador" haber llegado a esta altura de la legislatura "con esta tesitura" cuando el Gobierno ha centrado su política energética en resolver el déficit.
"Por mucho que tapemos agujeros no tenemos una política energética a medio y largo plazo, lo que deriva en inseguridad jurídica. La solución no pasa por ir regulando en base a parches ni por extender un crédito extraordinario, sino que tiene que formar parte de una reforma del sector que considere un reajuste total de ingresos y gastos", ha añadido.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, cree que este proyecto es "un paso un tanto improvisado en una estrategia inexistente para afrontar de forma definitiva el problema" y ha aprovechado para recordar al Gobierno que el déficit "no es sólo imputable a las renovables". "Esperamos que, dado que el déficit tarifario es un tema importante, con la nueva reforma se aborde una estrategia futura más enfocada y que no vengan medidas una tras otra a forma de parches", ha añadido.
Por el BNG, Rosana Pérez ha señalado que este "parche en el totum revolutum de regulación" del sector eléctrico fruto de "un enfoque parcial" al problema del déficit tarifario, y apunta a partidas de gasto diferente de las primas a las renovables como culpables de la "insuficiencia" presupuestaria. "Se olvidan de nuevo de que las renovables son las responsables de que España ya no sea importador neto de electricidad, de la reducción de emisiones y de la menor dependencia del petróleo. Por eso no debería culpabilizárselas", ha añadido.
