Claro y contundente, señalando los defectos como pocas veces se ha hecho en la polémica que desde hace meses rodea al dragado en profundidad del río Guadalquivir. Y ha sido el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, al reiterar no sólo que hay que cumplir con los requisitos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sino que el Puerto “podría haber hecho este proyecto hace casi diez años”, cuando se aprobó este documento.

“No quiero pasar a la historia como quien acabó con el cultivo del arroz en el Guadalquivir y salinizó las marismas de Doñana”, resumía muy gráficamente Arias Cañete, en declaraciones recogidas por Europa Press, para insistir en que cualquier proyecto de dragado en profundidad debe respetar las medidas correctoras que hace un decenio estableció una DIA que sigue aún vigente.

El problema estriba en que pueden perderse los fondos europeos destinados a estos proyectos y que no se han ejecutado, aunque el Puerto de Sevilla insiste en que trabaja en la incidencia del proyecto en los márgenes fluviales de Doñana, que sí pretenden licitar antes de que termine este año y puedan perder esa financiación de Europa.

Y esos fondos son los que están imprimiendo especiales prisas, especialmente a las administraciones que deben autorizar el dragado. Pero primero, van las medidas correctoras para evitar la salinidad que afectaría a los cultivos y la incidencia en los márgenes de Doñana.

“Todo esto se sabía desde hace muchos años, el Puerto podría haber hecho este proyecto hace casi diez años, cuando se dio a conocer la primera DIA”, espetaba el ministro, que entiende la premura ante la posible pérdida de fondos pero pone por delante el cumplimiento de los requisitos que establece ese documento.

“Cuando se den las garantías, no hay limitación para el dragado: todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, el Gobierno también, y lo está haciendo”, aseguraba.

Algo sí está hecho
Lo cierto es que, aunque el dragado en profundidad no pueda materializarse con la celeridad que pedía la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento, los empresarios y los sindicatos, sí que se han dado algunos pasos para poder llevarlo a cabo, aunque su tiempo de ejecución no esté claro.

La primera de las medidas correctoras que debe cumplirse es evitar la salinidad mediante la modernización del regadío del arroz llevando a cabo esta labor a través del Canal del Bajo Guadalquivir. En este sentido, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), competente en la actuación, han confirmado a Europa Press la conclusión de la redacción del anteproyecto, que ya se encuentra en el Ministerio en tramitación ambiental.

Así, sobre la acreditación de la desalinización de los cultivos, “algo que nunca se ha abordado”, Arias Cañete ha expuesto a los periodistas que el Gobierno ya trabaja para la toma de agua, en la declaración de impacto ambiental de la zona de infraestructuras. De forma paralela, la CHG busca financiación para el proyecto, estimada en unos 180 millones de euros, y que parte pueda encuadrarse en la convocatoria de fondos europeos 2014-2020.

El segundo proyecto, igual de necesario y también basado en las conclusiones de la comisión científica, implica directamente al Puerto: presentar un boceto completo con todas las medidas técnicas necesarias para proteger las márgenes fluviales de Doñana, que además debe recabar el visto bueno de la Junta de Andalucía para, posteriormente, ser analizado por el Gobierno de la nación, sobre todo en relación al oleaje que generan los grandes trasatlánticos y que “puede provocar que las orillas se vayan deteriorando y las marismas siendo invadidas por aguas salinizadas”.

Sobre este aspecto, el presidente del Puerto de Sevilla, Manuel Fernández, indicó a Europa Press que ya se encuentra trabajando en este proyecto, manteniendo su intención de licitar las obras antes de que finalice 2013 al objeto de no perder la financiación con fondos europeos.