El PP defiende la reforma de la Administración local porque busca “la profesionalización de la gestión pública

Publicado: 27/02/2013
El presidente del partido en Antequera asegura con la nueva normativa se van a acabar “los chiringuitos montados adrede para colocar a familiares y amigos”, y que se persigue, más que privatizar, ofrecer servicios sociales a los ciudadanos que sean sostenibles.
El Partido Popular de Antequera considera muy positivo el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local porque con ello se consigue la “profesionalización de la gestión pública”, y contar un sistema de calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

“Se acabaron chiringuitos montados adrede para colocar a familiares y amigos; esos se han terminado”, ha comentado el presidente del PP local, Manuel Barón, rodeado en la sede del partido de otros alcaldes 'populares' de ayuntamientos de la comarca.

Según ha asegurado, esta normativa, a pesar de lo comentado por el PSOE e Izquierda Unida en los últimos días, no tiene como fin privatizar los servicios públicos, pero sí que estos sean sostenibles para no cargar de más deuda a los ayuntamientos. Y que, a su juicio, no se puede mantener servicios que no se puedan pagar, “que es lo que ha pasado hasta ahora”, y que ha provocado que se llegue al límite de la bancarrota en la Administración local.

Competencias
Para el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Fran Oblaré, la clave para el saneamiento de las arcas municipales está en un reparto más efectivo de las competencias que asumirá cada administración. Esto supondrá que los ayuntamientos destinen los recursos económicos sólo y exclusivamente para los servicios que tiene que ofrecer a los ciudadanos. Además, a ello hay que sumar un aumento de las trasferencias a las corporaciones locales, pasando del 13% a 20%.

Según ha explicado Oblaré, hay municipios que llegan a dedicar un 30% de su presupuesto a las “competencias impropias”, en parte porque durante las “vacas gordas los ayuntamientos se han dedicado a hacer el trabajo sucio de la Junta de Andalucía”.

Como ejemplo, Barón ha recordado que el Ayuntamiento de Antequera dedica unos 800.000 euros al mantenimiento de los centros escolares, cuando Educación es una competencia autonómica. Y una cuantía así, a su juicio, debe emplearse fundamentalmente en la atención a los vecinos, en mantener limpia la cuidad, en pagar la factura de la energía eléctrica, que el consumo de agua sea en perfecta condiciones, etc. “Si hacemos el trabajo bien, poco a poco nos dará un margen para poder hacer cada vez más cosas, siempre con la financiación garantizada”.

Para evitar que esto continúe, según el vicepresidente de la Diputación, se está preparando una reforma que tiene como objetivo clarificar las competencias, conseguir una administración “más moderna, más ágil y más eficiente”.

Además, también se persigue evitar duplicidades de competencias, que incluso en algunos ámbitos, según Oblaré han llegado a ser “triplicidades”, y “poner en orden las cuentas” del millar de mancomunidades que existen en todo el país, “que nunca han respondido de lo que han hecho con los gastos”.

Según hay que comprobar que estas entidades son viables, y ese el “miedo” que tiene el PSOE. “Todos conocemos que hay auténticos chiringuitos del Partido Socialista en la provincia de Sevilla como son las mancomunidades que han sido creadas para colocar cargo de confianza, esas son las que no son sostenibles”.

Retribuciones
En cuanto a la reducción de salarios para alcaldes y concejales, Oblaré considera lógico que estos estén acordes con las responsabilidades que tienen y en función del tamaño de los municipios; y que se quiera reducir los puestos de confianza.

Según Barón, en el caso de Antequera, la aplicación de la reforma no afectaría en nada. Y es que en el Ayuntamiento, en la actualidad hay un total de nueve ediles con dedicación exclusiva, siete del equipo de Gobierno y uno los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida, mientras que la normativa permite hasta once. Además, como ha apuntado, su sueldo, de 55.000 euros brutos al año, está en unos 6.000 euros por debajo de lo que establece la reforma.

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