El Pleno municipal está convocado a una nueva sesión ordinaria este martes 28 de junio a las 20.00 horas. En el orden del día sobresale la instancia que realiza el equipo de Gobierno al Gobierno central para que se sume a la financiación que requiere la ladera oeste para su consolidación. La idea, como ya avanzó el ejecutivo, es que el Gobierno central, junto a Diputación y Junta, se sume a un convenio tripartito que ayude a la continuación de las obras.
Otro punto destacado es la instancia a la Diputación de Cádiz para que colabore en la instalación de ascensores en bloques de pisos, y así ayudar a que numerosas personas dejen de estar casi atrapadas en sus viviendas por sus problemas de movilidad reducida. Esta iniciativa ya se desarrolló hace unos años en la barriada de la Paz con distintos resultados, ya que en todos los casos las obras no se llevaron a cabo por diferencias entre los propios beneficiarios, ya que algunos fueron partidarios de los trabajos y otro no, dándose problemas en este sentido con la constitución de las comunidades.
El equipo de Gobierno socialista trasladará también tres medidas marco que se corresponden con políticas autonómicas, cuales son la adhesión al Pacto Andaluz de la Accesibilidad, al convenio de colaboración contra los desahucios y la adhesión a la Red de Municipios de Acogida de Refugiados; tres medidas de claro carácter social que, según el ejecutivo, deja a las claras el compromiso del PSOE con las clases más desfavorecidas. En el primer caso, se trata de hacer un municipio más accesible para todos, y particularmente para las personas con discapacidad, tanto en el ámbito laboral como en el de la movilidad urbana sostenible. Ello daría pie a una serie de actuaciones destinadas a la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, según ha explicado el delegado de Servicios Sociales, Diego Carrera. En el segundo de los casos, el Ayuntamiento se adhiere a un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); un convenio que, en suma, viene a proteger a las familias contra los desahucios de sus viviendas. El convenio trae aparejado un trabajo en red y un protocolo para actuar en aquellos casos de alzamiento contra una vivienda. Ello implica un protocolo de colaboración entre los jueces y los Servicios Sociales Comunitarios que intervenga con prontitud en los casos de las familias más vulnerables ante las ejecuciones hipotecarias o impagos de renta. Respecto a la adhesión a la Red de Municipios de Acogida de Refugiados, se pretende dar una respuesta más diligente a los refugiados por los distintos conflictos bélicos y amortiguar en la medida de lo posible la crisis a este respecto.
