La oferta de empleo de técnicos para el Plan de Intervención Local Comunitaria para la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social se realizará a través del Servicio Andaluz de Empleo, retirándose del proceso el Ayuntamiento tras la impugnación del mismo por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Se trata del plan llamado a actuar en las zonas desfavorecidas que marca el mapa realizado por la Junta el pasado año en función a las comunidades socioeconómicamente deprimidas en los municipios. En el caso de Arcos, se trata de dos zonas: Jédula y Arcos Sur (partes del Barrio Bajo, casco antiguo y barriada La Paz). Este plan fue presentado este jueves en el edificio Emprendedores por el alcalde, Isidoro Gambín, y el delegado de Servicios Sociales, Diego Carrera, quienes recalcaron cómo a partir de ahora se transformará la gestión de los servicios sociales y el carácter solidario del programa comunitario.
La función de los técnicos -doce personas- será la de tutorizar a los usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios de cara a su inserción social y laboral. Para esta iniciativa se requería un nuevo espacio físico municipal para el desarrollo de su trabajo.
El plan destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 en toda la comunidad para un total de 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios. Su elaboración ha costado en Arcos 18.000 euros dentro de la primera de las dos líneas de ayuda establecidas.
Por ahora, en lo compete al Ayuntamiento, se frustra un acuerdo que se aprobó en la Junta de Gobierno local a propuesta de la delegada de Hacienda y Personal, María José González. Para la ejecución del plan, la contratación del personal técnico se realizará a partir de ahora a través del SAE, donde los interesados deberán estar inscritos como demandantes de empleo o bien como solicitantes de una mejora laboral.
La Estrategia
La estrategia, de carácter transversal y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Se han realizado entrevistas a los agentes sociales de cada población para mayor fiabilidad a la hora de elegir las distintas zonas desfavorecidas.
Los criterios del programa
La selección de las zonas desfavorecidas se ha realizado teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios, y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros. Se trata, en su mayor parte, de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas. Su abordaje requerirá, por tanto, transformaciones estructurales relacionadas principalmente con las políticas activas de empleo, educación, salud, vivienda y servicios sociales.
