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Un burdel gestionado por prostitutas: un caos creado por Ámsterdam

Un burdel en Ámsterdam gestionado por las propias trabajadoras sexuales era el «proyecto ideal» para eludir a los proxenetas, pero 18 meses después resulta ser «un fracaso» y una idea «demasiado ambiciosa», explicó hoy a Efe la jurista e investigadora holandesa Corinne Dettmeijer. «Las ambiciones eran demasiado altas, la idea en sí tampoco era muy […]

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Un burdel en Ámsterdam gestionado por las propias trabajadoras sexuales era el «proyecto ideal» para eludir a los proxenetas, pero 18 meses después resulta ser «un fracaso» y una idea «demasiado ambiciosa», explicó hoy a Efe la jurista e investigadora holandesa Corinne Dettmeijer.

«Las ambiciones eran demasiado altas, la idea en sí tampoco era muy realista desde un principio. El municipio dejó solas a las trabajadoras sexuales. Se necesita un poco más de apoyo, de presencia, de vigilancia. No digo un control total público», añadió la que fue relatora nacional sobre la Trata de Personas y Prostitución Forzada.

En un informe independiente elaborado por Dettmeijer a petición de la alcaldía de Ámsterdam, la jurista califica este experimento municipal de «una idea inviable» y urge a sus inversionistas a «rescatarlo» para evitar que la situación resulte en «consecuencias problemáticas para el resto» del Barrio Rojo.

La gestión de «un negocio de prostitución seguro y financieramente sólido» solo por las trabajadoras sexuales parecía «ideal» cuando en 2017, el ayuntamiento aceptó poner en marcha el primer «burdel municipal» del mundo controlado por una fundación formada por prostitutas, My Red Light, en la zona de De Wallen de Ámsterdam.

Este proyecto consiste en catorce ventanales distribuidos en tres edificios en el corazón del Barrio Rojo, adquiridos por el ayuntamiento para la fundación de este negocio, que durante el último año y medio se ha utilizado mayormente por trabajadoras sexuales búlgaras.

Las quejas sobre el progreso del proyecto han sido persistentes desde el momento de su puesta en marcha porque, como recuerda la investigadora, el ayuntamiento lanzó la pelota y dejó al mando a tres trabajadoras sexuales que «no son capaces de manejarlo todo de forma adecuada».

Una vez puesto en marcha, el Ayuntamiento abandonó su papel de «fundador y partidario» de la idea y «se alejó bruscamente» de la gestión porque esperaba que fuera una «empresa modelo» desde el principio: «Por lo que también desempeñó un papel en el desarrollo de los problemas», añade.

La situación financiera del burdel «es insostenible», los escaparates apenas tienen clientes durante el día, hubo al menos cuatro víctimas de tráfico de mujeres que trabajaron en el lugar y varios casos de abusos que no fueron denunciados adecuadamente a la junta directiva, lo que le costó una multa de 25.000 euros.

Si la Junta paga esta multa, el negocio se arruinaría totalmente, aunque la investigadora indica que el burdel ya requiere de una intervención de los prestamistas si se quiere evitar un cierre inminente.

En el informe, Dettmeijer señala que las gestoras pensaron que podrían negociar las estrictas reglas que se aplican a toda la industria para no responsabilizarse de los errores cometidos, mientras que un portavoz del Ayuntamiento insiste en que deben cumplir las mismas reglas que el resto.

El pasado mayo, la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema -de la izquierda verde Groenlinks- pidió esta investigación para decidir si da una segunda oportunidad a My Red Light, lo cambia de localización u opta por su cierre total.

«Quien dice A, también dice B. Este proyecto puede seguir adelante pero con un enfoque más empresarial, sin pretender que las trabajadoras sexuales lo hagan todo. Hay que nombrar a un nuevo empleado para que se encargue de la administración. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y no exigir el dinero de la multa», recomienda Dettmeijer.

Lyle Muns, trabajador sexual y miembro de la junta supervisora de My Red Light, considera «positivo» este informe porque propone cambios políticos en relación a «los procedimientos de señalización en casos de sospechas de trata de personas», pero también pone de relieve «la importancia de que las empleadas se sientan bien, que estén involucradas en el proyecto».

Además, recuerda a Efe que este proyecto se ha enfrentado a problemas financieros desde el primer día porque el Barrio Rojo «en general está perdiendo clientes» pero asegura que la alcaldesa está a favor de hacer los cambios recomendados por la investigadora.

Los operadores de los ventanales de la prostitución en el resto del distrito no apoyan la idea de que el Ayuntamiento intervenga en las cuentas de este burdel porque lo consideran «competencia desleal» y critican la recomendación de no cobrar la multa de 25.000 euros a este negocio porque «es saltarse las leyes».

«Creo que el municipio nunca debió haber empezado esto. Ahora lo único que puedo proponer es bajar las expectativas y recurrir a otros apoyos estatales al proyecto. Quizás en dos años nos demos cuenta de que mi recomendación tampoco funciona, pero habrá que intentarlo», concluye Dettmeijer.

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