Cádiz

El Pleno insta a Navantia a reforzar la supervisión de la seguridad laboral

También se aprobó inicialmente la Ordenanza del Taxi, la cesión a Procasa de tres inmuebles para viviendas de alquiler social y el refuerzo de la salud mental

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  • El 5 de abril perdió la vida en el trabajo Eduardo Caro, empleado de Siasa para Navantia Puerto Real. -

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado hoy el Pleno ordinario correspondiente al mes de abril, que ha aprobado por unanimidad una propuesta del Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz encaminada a impulsar políticas de vivienda social y otra para aumentar los recursos púbicos destinados a reforzar la atención de la salud mental en Andalucía. Asimismo, la ciudad de Cádiz se ha adherido a la Red de ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones y ha dado también su apoyo unánime a la cesión de tres inmuebles del centro histórico a Procasa para aumentar la oferta de vivienda protegida en la ciudad en régimen especial de alquiler.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por las mujeres víctimas de la violencia de género y, a continuación, ha aprobado una declaración institucional en contra de la siniestralidad laboral, que entiende como una consecuencia de la intolerable precariedad que se ha venido normalizando en una zona especialmente castigada por el desempleo como es la Bahía de Cádiz.

Así, se insta a las empresas, en especial a Navantia por aglutinar a numerosas auxiliares del sector del metal en la provincia, a reforzar la supervisión sobre los principales hitos que marca la ley en seguridad laboral, así como la ratio de técnicos de prevención de riesgos laborales por número de trabajadores, la adecuación de los planes de prevención de riesgos laborales y la formación del personal en seguridad. Reclama, además, la actuación de la Inspección de Trabajo y la Fiscalía ante cada incumplimiento en la materia.

Por otra parte, con los votos a favor del Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz, el PSOE y Ciudadanos y la abstención del Grupo Popular y del edil no adscrito, Domingo Villero, ha salido adelante la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Servicio Público de Auto-Taxi, que incluye propuestas de mejora planteadas durante el proceso de elaboración por las asociaciones del taxi, así como las reclamadas por las personas con movilidad reducida para, por ejemplo, garantizar el acceso a los taxis adaptados. Igualmente, ha incorporado durante el proceso medidas encaminadas a la reducción de emisiones en la ciudad. Una vez aprobada, el texto de la ordenanza se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento y se someterá a información pública por el plazo de 30 días hábiles desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En otro orden de asuntos, el Pleno ha aprobado por unanimidad la cesión a la empresa municipal de vivienda (Procasa) los inmuebles ubicados en la calle Pericón de Cádiz, 3 y 5, del 77-79 de la calle Sagasta y del número 19 de la calle Calderón de la Barca, con el objeto de proceder a su rehabilitación para aumentar la oferta de vivienda protegida en la ciudad, que se realizarían en régimen especial de alquiler.

Resultarán un total de 26 nuevas viviendas que pasarán a formar parte del parque municipal de viviendas, que gestiona la propia empresa municipal. La rehabilitación de los edificios supondrá, además, una mejora considerable del entorno urbano de la ciudad “compacta y cohesionada urbanística y socialmente”.

También por unanimidad, el Pleno ha aprobado la adhesión de la ciudad de Cádiz a la Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones, que está integrada por asociaciones, empresas y otros colectivos a favor de la sostenibilidad local. Entre los fines principales de esta red están identificar y promover soluciones y estrategias que reduzcan las emisiones generadas por la movilidad y su afección a la ciudadanía, así como impulsar el despliegue de zonas de bajas emisiones, entre otros.

A continuación, se ha aprobado una propuesta de nombramiento en los consejos de administración de las sociedades mercantiles Suministradora y Comercializadora Eléctrica de Cádiz con el voto a favor del Equipo de Gobierno y del PSOE, la abstención de Ciudadanos y Villero y el voto en contra del PP, que ha justificado su rechazo alegando que el PP debería estar representado en dichos organismos por ser el principal partido de la oposición.

Por su parte, la propuesta de aprobación del Reglamento de Condecoraciones y Distinciones del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz ha sido aprobada por unanimidad.

El Pleno ha continuado con las propuestas de los grupos, comenzando por la presentada por Adelante Cádiz relativa a impulsar políticas de vivienda social, que ha obtenido el apoyo del Equipo de Gobierno, el Grupo Socialista y el edil no adscrito y la abstención del resto.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento instará al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar un programa extraordinario de vivienda social en la provincia de Cádiz; así como a aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda tras su aprobación parlamentaria, agilizando los procedimientos para que los ayuntamientos puedan solicitar de inmediato la declaración de zona tensionada y poder así habilitar los mecanismos de control de precios de los alquileres contemplados en dicha ley. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a seguir apostando en sus próximos presupuestos por incluir una partida para el desarrollo de políticas de violencia social.

También se ha aprobado por unanimidad una propuesta de Adelante Cádiz sobre la necesidad de aumentar los recursos públicos destinados a la atención a la salud mental en Andalucía, que ha defendido en primera intervención el presidente del Colegio Oficial de Psicólogos en Andalucía Occidental, Jerónimo Acosta, quien ha expuesto con datos las “negativas y dramáticas” consecuencias de la pandemia en la salud mental, afectando de una manera significativa a la población joven, y que ha disparado la urgencia de atender a la salud mental en un primer plano.

Al respecto, ha reclamado que “las buenas intenciones se vean acompañadas de inversiones” para atender a la “inaplazable necesidad” de mejorar la atención en este campo, que es “fundamental para el bienestar de las personas y de la sociedad”. Entre otras cuestiones, ha urgido a la creación de una unidad de psicología infanto-juvenil, así como el refuerzo de la educación en salud emocional en edades tempranas.

El acuerdo en sí conlleva instar a la Junta de Andalucía a elevar el número de centros de salud mental, la ratio de personal especializado en Psicología Clínica en el sistema público de salud, así como el personal de Trabajo Social en los centros de salud hasta alcanzar la media europea. Igualmente, reclama la creación de la especialidad de Psicología Clínica infanto-Juvenil y también a aumentar la ratio de personal de Orientación, Trabajo Social y Enfermería en los centros educativos andaluces.

Con la abstención de Adelante Cádiz y del PSOE y el apoyo del resto de grupos, se ha aprobado una enmienda de adición del PP a este punto encaminada a solicitar al Ayuntamiento de Utrera que facilite los trámites administrativos pertinentes para reanudar en el Edificio La Roldana las obras destinadas a atender a pacientes de salud mental y drogodependientes, así como a que dicho ayuntamiento firme el convenio de colaboración que permita atender a pacientes de toda Andalucía en dicho centro destinado a pacientes duales.

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