Primera exhumación de un posible caso de bebés robados San José

Publicado: 07/05/2012
Una de los episodios más negros de la historia oculta de España está teniendo cada vez más calado en la sociedad. Los incontables casos de robo de bebés en el país están encontrando también apoyo en la justicia, como el caso que ayer daba por iniciada la primera exhumación de cadáveres en el Cemente
 

Así, una familia de Sanlúcar de Barrameda, continúa con la búsqueda de dos hijos nacidos en 1977 y 1982, que, en su momento, fueron trasladados al Hospital Puerta del Mar, antigua Residencia Zamacola, donde le dieron la triste noticia del fallecimiento de los bebés.    Al parecer, según explicaba Martín de la Herranz, abogado de la asociación SOS Bebés Robados en la provincia de Cádiz, hay “varias contradicciones y errores en la documentación que recibieron entonces lo que hizo pensar que sus hijos podrían haber sido robados”.   La madre, que según cuentan tuvo que ser recientemente hospitalizada por una crisis de ansiedad, no pudo asistir al inicio de las labores de exhumación, aunque sí sus hijas, quienes corroboraron la historia y señalaron que los padres “encontraron varias contradicciones en la documentación que recibieron, entre ellas, varias causas de muerte”, según Isabel González.    La exhumación es una tarea complicada De la Herranz destacó el proceso “lento y complejo” puesto que los restos se hallan en una sepultura común en el que hay unas 40 cajas, “enterradas a distintas alturas, por lo que hay que retirar varias antes de llegar al número 17 que es el que tiene asignado el hijo mayor de esta familia”. El trabajo implica que el “cuidado y delicadeza” porque “pueden haber en esta misma fosa otros casos de bebés robados”, destacó el letrado.    En tres días se acabaran la labores y comenzarán las comprobaciones en los laboratorios, para determinar la coincidencia de ADN, si encuentran restos para poder analizarlos.   En la provincia de Cádiz hay un número importante de casos que están pendientes de la permisibilidad judicial, aunque bien es cierto que unos 49 de ellos, sí tienen la autorización del Consistorio gaditano. El problema es que muchos de los casos posteriores al 1979 se dan por prescritos, algo que dificulta la búsqueda de las familias afectadas.        

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