Las once personas detenidas en el marco de la operación 'Sabor Sanlúcar', sobre una supuesta malversación de caudales públicos en relación con las ayudas a la reidustrialización de la Bahía de Cádiz, se encuentran en situación de libertad con cargos, según ha confirmado la Policía Nacional, que "en principio" da por cerrada la operación.
Así lo han indicado a los periodistas en Cádiz el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el jefe de la Policía Judicial de Cádiz, José Menacho, quien ha confirmado que el principal implicado en esta operación es el presidente del Atlético Sanluqueño.
Han señalado que la operación se enmarca en el objetivo estratégico de la Policía Nacional en 2013-2016 de lucha contra la delincuencia económica, financiera y fiscal, fundamentalmente en el ámbito de la corrupción relacionada con las subvenciones.
Menacho ha significado la estrecha colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General y el Juzgado en la operación, que ha culminado con la detención de once personas de las provincias de Cádiz, Sevilla y Madrid, en las que se radicaban las empresas investigadas.
En cuanto al 'modus operandi', ha precisado que se trataba de la captación de subvenciones a través de terceros para proceder a un desvío de fondos a fines no previstos en el objeto de la subvención. Así, los implicados supuestamente realizaban un desvío directo de fondos a las cuentas de los mismos.
Como se recordará, la trama habría obtenido más de 2,5 millones de euros de organismos públicos para la creación de una nueva industria y nuevos puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz, si bien el único resultado ha sido la construcción de una nave que se encuentra sin terminar, ya que era "una tapadera" para simular que se estaba realizando el proyecto.
Finalmente, Cosidó ha destacado que esta operación "demuestra una vez más que la Policía Nacional está en primera línea en la lucha contra cualquier forma de corrupción", ya sea en el ámbito público o cuando se producen delitos económicos en el ámbito empresarial "utilizando de forma fraudulenta el dinero de los ciudadanos que debería ir a crear empleo y que es utilizado para el enriquecimiento de supuestos delincuentes".
