CCOO, como sindicato mayoritario de la compañía postal pública, ha asegurado que el Plan Estratégico de Correos presentado hoy en Sevilla, exige dotarlo no sólo de voluntad empresarial para sacarlo adelante, sino también política por parte del Gobierno, tras la desconfianza generada por el fracaso de los tres planes precedentes en los que prevaleció el interés partidario sobre el general.

El sindicato comparte algunas de las acciones contempladas en el plan de acción en la línea de potenciar nuevos nichos de mercado (paquetería, servicios financieros, comercio electrónico, internacionalización, entre otras), coincidentes muchas de ellas con las propuestas realizadas por CCOO, aunque señala que el Plan se quedará en papel mojado si no se ve acompañado de un compromiso de financiación suficiente por parte del Gobierno, a consignar en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, para así evitar lastrar las cuentas de la compañía, el propio plan estratégico y, con ello, poner en cuestión la viabilidad y el empleo de los trabajadores y trabajadoras.

Para CCOO, sin financiación para el servicio público postal, que no se puede medir por su rentabilidad económica sino social en los más de 8.000 municipios que abarca en todo el Estado, de los que cerca de 50 son de Cádiz, se pone en cuestión su universalidad y, como se observa en otros ámbitos públicos, convertiría a los ciudadanos en "ciudadanos de primera y segunda", y contribuiría al debilitamiento del Estado del Bienestar. En esta línea, el presupuesto para 2013 para el servicio postal universal ha sido nulo, cero euros.

Los presupuestos 2013 han destinado para la provincia una partida de algo más de un millón de euros correspondiente a inversión, una cuantía que, aunque positiva, CCOO considera claramente insuficiente para las renovaciones necesarias que se tienen que acometer fundamentalmente en locales, así como en vehículos de cuatro ruedas para dar respuesta al servicio de paquetería.

En cuanto a los locales, los responsables sindicales han reiterado las graves deficiencias que presentan algunos de ellos como los situados en: Tarifa, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, Rota, El Puerto de Santa María, San Fernando, San Roque, Algar, así como otras de menor entidad. Esta partida, según ha recordado el sindicato, se vería mejorada por la financiación que el Estado adeuda a Correos de más de 500 millones de euros y que todavía no se han pagado en concepto de prestación de servicio público.

Para CCOO, el Plan Estratégico se vería abocado al fracaso si no se cumplen los compromisos financieros señalados y, además, los adquiridos con los representantes de los trabajadores en materia de estabilización de empleo en el Convenio Colectivo y Acuerdo firmado en 2011.

Igualmente, el sindicato ha señalado que, precisamente, la falta de financiación afecta a Correos en forma de recortes de contratación, disminución de plantilla de unos 200 puestos de trabajo en los dos últimos años, así como la eliminación entre 15 y 20 secciones de reparto en lo que va de año y de derechos que van más allá de lo necesario para la buena prestación del servicio.

CCOO ha recordado que ya ha desarrollado movilizaciones y acciones jurídicas como la reciente presentación de recurso colectivo para el abono de la paga extra de Navidad a los funcionarios y laborales de Correos y exigirá también que se extienda a los más de 56.000 trabajadores de la empresa postal pública, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reconoce el derecho a cobrar la parte recortada de la paga extra.

Ello no impedirá, no obstante, que el sindicato continúe con la demanda del recurso colectivo para el abono de la paga extra presentado el pasado 15 de enero, en el marco de la Plataforma de Empleados Públicos de Correos.

Con todo, CCOO ha apostillado que seguirá exigiendo coordinación y diálogo con los agentes sociales en los cambios o reformas que se van a acometer en Correos, imprescindibles para mantener un clima laboral que contribuya al desarrollo equilibrado del Plan de Empresa y la viabilidad de la compañía pública y del servicio público que presta.