Los trabajadores de mantenimiento y limpieza de playas de Algeciras han iniciado ayer sábado una huelga, que se desarrolla del 13 al 16 de agosto, ante la negativa de la empresa concesionaria Urbaser a negociar condiciones laborales.
En una nota, UGT ha indicado Urbaser es concesionaria de este servicio "mediante un pliego de condiciones del que el Ayuntamiento de Algeciras es el máximo responsable".
Así, ha recordado que desde el día 1 de agosto de 2016 los trabajadores de playas de Algeciras están realizando concentraciones en las playas del Rinconcillo y Getares de la ciudad para reclamar un convenio "digno".
La huelga se está realizando en estos momentos desde el día 13 al 16 de agosto inclusive, ante "la negativa de la empresa de negociar aun realizando dos intermediaciones y la dejadez del Ayuntamiento para dar una solución, provocan esta situación".
El sindicato asegura que el fondo del asunto "radica en el propio pliego de condiciones que adjudican a la empresa Urbaser, por un precio muy inferior", toda vez que "el pliego sale a concurso por 1.217.140,37 euros, y en uno de sus compromisos a cumplir por la empresa está el gasto de personal, cifrado en 668.039,10 euros, y la empresa se hace cargo del concurso por 995.842 euros", de manera que "existe una diferencia de 221.298,37 euros".
UGT critica que "con estas circunstancias la empresa alega que no puede abordar ninguna de las peticiones de los trabajadores ni ahora ni en cuatro años que dura la gestión del servicio".
Asegura que la empresa y ayuntamiento "son conocedores de la situación por la que estos trabajadores están pasando, de precariedad y de penosidad y ahora se ven en medio de una gestión realizada por el Ayuntamiento y empresa muy nefasta, pues el Ayuntamiento debería tener recogido en el pliego de condiciones que los trabajadores estaban en la negociación de un convenio".
Por ello, le solicitan al alcalde de Algeciras una reunión para tratar el tema, "pero el senador Ignacio Landaluce hace caso omiso y deja a 30 familias a los pies de los caballos".
Considera que el alcalde "hace causa común con la empresa y ofrece unas cantidades ridículas para solucionar el problema, confundiendo la negociación colectiva con una revisión de tablas salariales, además con un desconocimiento patente de los números que los trabajadores hemos realizado".
