El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, ha denunciado públicamente este martes el “incumplimiento de la ley” de la que está haciendo gala el Gobierno de José María Román en cuanto a la cesión temporal de bienes inmuebles municipales a entidades sin ánimo de lucro, que según la formación se está llevando de manera “arbitraria” e “ignorando” por completo la ordenanza reguladora vigente.
Palmero ha señalado que “varios colectivos de la ciudad nos han denunciado que la pertinente solicitud que cursan para ocupar uno de estos locales es ignorada por el Gobierno, asegurando que se les marea llevándolos de una delegación a otra para después comprobar cómo el alcalde entrega nuevos locales a los colectivos que él ha creído oportuno”.
El concejal ha recordado que durante la legislatura en la que la Izquierda Unida ostentó la delegación de Participación Ciudadana se pusieron en marcha tres centros cívicos para dotar de un espacio físico a los colectivos de la ciudad ante la alta demanda que existía. “Fue entonces cuando se aprobó la ordenanza reguladora de cesión temporal de bienes inmuebles municipales, que sigue vigente y que es de obligado cumplimiento. Desde entonces, una comisión es la encargada de valorar a las entidades que aspiran a ocupar uno de estos locales en base una serie de criterios como la incidencia social del proyecto o la implicación del mismo en la atención a colectivos especialmente desfavorecidos, todo de cara a un reparto igualitario”, explica.
“Con la llegada al Gobierno del PP se ignoró por completo esta ordenanza, algo que también viene haciendo el Gobierno de José María Román”, expone Palmero, que además añade que “tenemos constancia de que existen asociaciones que han conseguido su local sin pasar por ningún tipo de comisión, sin que exista proyecto ni solicitud de ningún tipo y, además, pasando por encima de otros colectivos que llevan tiempo solicitándolo, como por ejemplo la asociación medioambiental Toniza, cuya labor tiene bastante implicación con la ciudad”
A juicio de Palmero, esta situación genera varios conflictos. “El primero, que se está incumpliendo la ley, porque si hay una ordenanza, ésta debe ser de obligado cumplimiento. Segundo, se crean unas falsas expectativas a los colectivos que siguen los trámites que recoge la ordenanza. Y tercero, si en la valoración que se le realiza a un colectivo prima la implicación social de éste, no entendemos cómo se ceden locales a grupos que no generan un beneficio para la ciudad”.
“Pedimos al Gobierno que siga las normas y si el alcalde quiere continuar entregando locales a diestro y siniestro en base a sus gustos y sus amistades, que es lo que se hace a día de hoy, que derogue la ordenanza. Si no, tiene que empezar a cumplir la ley. Queremos que se corrija esta situación, porque se están creando problemas de convivencia en los centros, discrepancias entre los usuarios y, sobre todo, dejando a colectivos que están participando intensamente en la vida social de la ciudad si un espacio y viendo al Ayuntamiento como un enemigo”, ha sentenciado.
