La defensa de José Bretón, condenado a 40 años de prisión por supuestamente asesinar a sus hijos, Ruth y José, en octubre de 2011 en Córdoba, advierte en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que pide que se celebre un juicio nuevo con tribunal profesional, que "las declaraciones de muchos testigos estuvieron prefabricadas" al seguir el juicio por televisión, de modo que, a su juicio, hay "una serie de irregularidades jurídicas", al tiempo que cree que "bastantes de los puntos de debate" del veredicto del jurado "no están lo suficientemente probados".
Así lo ha manifestado a los periodistas el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, tras visitar este jueves a su cliente en el Centro Penitenciario de Alcolea, en el que se encuentra interno desde el 21 de octubre de 2011 tras el supuesto asesinato de sus hijos el día 8 del mismo mes. Según ha comentado el letrado, el recurso de 37 folios que ya ha entregado en la Audiencia Provincial para dar traslado al TSJA, "sigue la línea de los puntos de defensa que se efectuaron en el juicio, y ampliando y analizando las declaraciones que se hicieron apoyado por la jurisprudencia que el Tribunal Supremo en estos casos efectúa".
En concreto, los pilares básicos de argumento son "la violación de derechos fundamentales, la ruptura de la cadena de custodia y la violación del derecho de defensa", precisando en relación a los testigos que "el mismo rechazo jurídico tiene que tener las personas que se encuentran en sala", de hecho el presidente del Tribunal del Jurado, Pedro Vela, anuló un testimonio, "que la que lo ve en pantalla" y posteriormente ha declarado en la sala, según argumenta la defensa siendo "una de las razones" por la que solicita la nulidad del procedimiento.
Al respecto, se muestra "convencido de que tiene base jurídica que puede permitir la nulidad del juicio", dado que "hay un conflicto de leyes y siempre debe prevalecer la ley de rango superior" en este caso la Constitución Española (CE), de que "toda persona tiene derecho a un juicio justo". Así, en su opinión, el jurado ha estado "contaminado", pues, "es difícil encontrar once personas que no estén mediatizadas", al tiempo que mantiene que "no fue imparcial" y cree que "bastantes de los puntos de debate no están lo suficientemente probados", algo que trata en el recurso ante el TSJA.
En este sentido, defiende que pruebas falsas no cree que se hayan usado en el juicio, pero "sí han existido pruebas que no se han tratado con el verdadero rigor jurídico que se requiere en un asunto de esta envergadura", según Sánchez de Puerta, quien recuerda que "siempre" ha dicho que los restos óseos que la perito policial Josefina Lamas recogió "no son los que los peritos analizaron", y se cuestiona "qué casualidad que ninguno de los restos era humano y todos de animales" y el profesor Francisco Etxeberría "los identifica por fotografía y dice que todos son humanos. No me ha olido bien eso y no me sigue oliendo", ha sentenciado.
Asimismo, comenta que la prueba de las cámaras de la Ciudad de los Niños con el paso del vehículo de Bretón estaba "sin fundamento y con lagunas científicas espantosamente grandes", si bien lamenta que el juez instructor, José Luis Rodríguez Lainz, "creyó la prueba y fue el motivo fundamental por el que Bretón estuvo los diez primeros meses en prisión, pero el valor jurídico y probatorio es totalmente nulo".
LA IMPUGNACIÓN
Por otra parte, el abogado del condenado ha informado de que impugnará el recurso que presenta la acusación, ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, en el que pide la entrega de los restos óseos del caso, y es que, repite el letrado, "como se ha hecho en varias ocasiones apoyado incluso por la Fiscalía, es una prueba de cargo y convicción y por imperativo legal hasta que no haya sentencia firme y definitiva no van a poder salir".
Al hilo de ello, dice que le parece "demasiado rocambolesco" que los restos salgan custodiado de la sede judicial para celebrar una misa en Huelva. No obstante, asegura que comprende "el dolor de la madre y en sus circunstancias, si por desgracia tuviera que haber pasado ese trance tan duro, estaría en las mismas condiciones, pero tenemos una ley que cumplir y por imperativo legal no se pueden entregar hasta una sentencia firme", apostilla.
Entretanto, la defensa confía en el TSJA, aunque entiende que es "un trámite en el camino" tras el anterior recurso "bastante duro, en el que conseguimos muy poco", y se imagina que "seguirán con la misma idea de que no existió ruptura de la cadena de custodia", aunque él sigue "manteniendo que sí". En cualquier caso, recuerda que si no le dan la razón en este caso concreto, que pide "la absolución y por existir ruptura que se anulen determinados momentos, vuelvan los autos a instrucción y se celebre nuevo juicio", recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo (TS).
LAS TESIS DE BRETÓN
Mientras, José Bretón sigue en la prisión "con el protocolo antisuicidios", que, en palabras de su abogado, lo considera "una tontería", dado que, según Sánchez de Puerta, "ni está ni ha estado nunca en su mente quitarse la vida", al tiempo que "él sigue en el convencimiento de que sus hijos están perdidos y niega totalmente que los haya asesinado e incinerado en la hoguera", según recoge la sentencia que le condena a 40 años de prisión.
Además, el abogado advierte de que Bretón "estuvo condenado por la opinión pública desde el primer momento", un punto que también trata en el recurso; señala que hasta ahora "no hay razón alguna" para un traslado de prisión "hasta que no resuelva el Supremo, que podría pasar a un penal de seguridad" por la pena a la que se enfrente, y considera que es "una auténtica tontería" que piense en conceder entrevistas para ganar dinero cuando tiene que "pagar indemnizaciones muy elevadas" y el dinero que reciba de televisión "será confiscado" por la justicia para dichos pagos, ha subrayado el letrado.
En concreto, por la vía de la responsabilidad civil, el magistrado Pedro Vela condena a Bretón Gómez a que indemnice a su mujer, Ruth Ortiz Ramos en 500.000 euros; al Ministerio del Interior del Gobierno de España en 137.335,65 euros y al Ayuntamiento de Córdoba en 22.567 euros.
