El Grupo Prasa ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra el expresidente de la inmobiliaria Metrovacesa, Joaquín Rivero, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación en documento mercantil y societario, que habrían supuesto al citado grupo empresarial cordobés la pérdida de 200 millones de euros, por el "engaño" con unas acciones de Metrovacesa.
Así, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía cordobesa y tal y como se recoge en su querella contra Rivero, los "engaños" de éste a Prasa con una venta de acciones de Metrovacesa han supuesto para el grupo cordobés un daño patrimonial directo de los mencionados 200 millones de euros, sin contar que, si Prasa hubiera vendido estas acciones en 2007, hubiera obtenido una ganancia de al menos 54,8 millones.
La demanda se suma a la larga lista de procedimientos abiertos contra Joaquín Rivero y se ha presentado ante el Juzgado de Instrucción Central número uno, que instruye también la denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra Rivero por una operación de 312 millones con el Banco de Valencia, similar a la de Prasa, de lo que se informa al juez.
Los hechos se remontan a 2007, cuando Joaquín Rivero y la familia Sanahuja pugnaban por el control de Metrovacesa. Rivero, con su socio Bautista Soler, adquirió el 26% de las acciones de la compañía, mediante un préstamo sindicado de 2.160 millones de euros.
Para obtener financiación, Rivero ofreció a Prasa parte de las acciones de Metrovacesa que tenían las sociedades Mag Import (Soler) y Alteco (Rivero), y Prasa adquirió --con un préstamo de Caja Madrid-- acciones por 274 millones de euros, el 3% de la compañía. Se firmaba en el contrato la obligación del vendedor de recomprarlas al precio de 153,5 euros.
Esto ocurrió en enero de 2007, cuando, según la querella, Joaquín Rivero ya sabía que no lograría el control de Metrovacesa, y el dinero le sirvió para abonar la primera amortización del enorme préstamo que había solicitado. El 19 de febrero de 2007 se anuncia un acuerdo entre los Sanahuja, que se quedaron con Metrovacesa, y Rivero, por el que se segregaba el negocio de Gecina y este último aceptaba un paquete de acciones de control.
Prasa pudo vender entonces sus acciones de Metrovacesa, pagar el préstamo y obtener ganancias, pero Rivero, que tenía el control político del paquete, le propuso canjearlas por las de Gecina, de lo que Prasa esperaba una oportunidad de expansión internacional, y en abril volvió a firmarse el contrato, elevando el compromiso de compra por parte de Rivero a 184 euros por acción. Sin embargo, cuando en 2009 Prasa quiso ejecutar su opción de compra, ni Rivero ni Soler cumplieron.
Empiezan entonces, en plena crisis económica, problemas para Prasa con los bancos, un desfile de incidencias, como pagarés y letras "falsos" o el argumentar Soler que su socio no tenía su representación, lo que ha desestimado la Audiencia de Córdoba (la deuda de Soler, 128 millones de euros, ha sido reconocida en sentencia de septiembre del 2012). Mag-Import y Alteco están en concurso de acreedores y ninguno ha reconocido esta deuda, que no figuraba en sus estados contables.
Todo eso se denuncia ante la Audiencia Nacional, en una pormenorizada argumentación que concluye que Rivero tuvo, desde el principio, la intención de "engañar" a Prasa y de financiarse a su costa sin devolver el dinero.
