La Junta comienza a eliminar documentación judicial antigua y sin valor de archivos de Córdoba y Lucena

Publicado: 14/02/2014
Las consejerías de Justicia e Interior y Educación, Cultura y Deporte están colaborando en la transferencia al Archivo Histórico Provincial de Córdoba de una muestra de estos expedientes, constituida por 203 cajas con cerca de 9.000 expedientes
La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha eliminado ya los primeros 84.894 expedientes judiciales antiguos, que hasta ahora guardaba en cerca de 2.000 cajas, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados de Córdoba y Lucena, según el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.

   Según ha informado la Administración autonónomica, con esta primera destrucción selectiva, que hace imposible la lectura o posterior recuperación de esta documentación confidencial, se cumple con lo establecido por la citada Junta de Expurgo, según ha informado la delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio.

   La documentación eliminada corresponde a diligencias previas y juicios de faltas incoados entre 1945 y 1997 por cinco juzgados de la capital y otros dos de Lucena. En concreto, se trata de los juzgados de la capital de Instrucción números 3, 4 y 5; del Juzgado de lo Penal número 4 y del Juzgado de Primera Instancia número 5, mientras que en Lucena son los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2 los que se han desecho de documentación antigua y sin valor.

   A este respecto, Ambrosio ha puesto de relieve los buenos resultados del acuerdo que la Junta viene manteniendo desde hace ya varios años con la empresa Solemccor, a la que se ha encomendado esta eliminación, para la realización de diversos trabajos de gestión de residuos, colaborando de esta forma a los fines solidarios de esta empresa dedicada a la reinserción de personas en riesgo de exclusión social.

   Esta destrucción selectiva de documentación judicial ha sido fruto del acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos.

   En estos momentos, las consejerías de Justicia e Interior y Educación, Cultura y Deporte están colaborando en la transferencia al Archivo Histórico Provincial de Córdoba de una muestra de estos expedientes, constituida por 203 cajas con cerca de 9.000 expedientes, que se conservarán de forma permanente por su interés judicial e histórico.

   La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

APOYO DEL TSJA

   El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

   Este proyecto contribuye en avanzar en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el camino hacia una Justicia digital sin papeles. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo, y se contribuye a la protección del medio ambiente.

   Esta eliminación de archivos obsoletos se incardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla y que se ampliará al resto de  Andalucía en un futuro, para gestionar los archivos de documentación judicial.

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