El confinamiento decretado a inicios de 2020 en múltiples países para combatir la pandemia de covid-19 «supuso un caldo de cultivo» para los delitos de índole sexual contra menores a través de internet, con un pico de más del 1.000 % en las notificaciones de direcciones europeas desde las que se distribuía pornografía infantil.
Este «impresionante» dato ha sido dado a conocer este lunes por la fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, quien ha participado en el ciclo: «Los delitos contra menores y mujeres en las redes sociales», dirigido por el magistrado Julián García Marcos en el marco de los Cursos de Verano de San Sebastián.
Durante su intervención, Tejada ha recordado que las medidas restrictivas del confinamiento «fomentaron» este tipo de delitos, ya que los niños estuvieron «encerrados en casa y pegados al ordenador todo el día» con sus progenitores «más preocupados de la salud de sus pupilos y de su seguridad, en un sentido físico, que de vigilar lo que hacían en internet», mientras «un montón de población adulta» se encontraba «ociosa, sin otra vía de escape que salir a la red a través de sus dispositivos en casa».
Tras aclarar que «tan pronto como pasó el período de confinamiento» este crecimiento constatado por la Europol «cayó bruscamente», la Fiscal ha aclarado que este «pico» también se produjo en España, donde el Cuerpo Nacional de Policía detectó un incremento en el volumen de denuncias de aproximadamente un 350 % respecto al mismo período del año anterior.
Por su parte, la Guardia Civil constató que los reportes respecto a España de las organizaciones internacionales que luchan contra este tipo de delitos «subieron un 450 % en el momento en el que se decretó el Estado de Alarma, hasta llegar a un 750 % en el período más rígido del confinamiento».
Unos datos que, según Tejada, reflejan que las nuevas tecnologías están siendo utilizadas por los ciberdelincuentes «para facilitar el acercamiento a los menores con fines de carácter sexual, la elaboración y distribución de material pornográfico y para mantener contactos ilícitos con ellos».
En este contexto los menores resultan «profundamente vulnerables», dado que «han nacido en una sociedad muy digitalizada y que se han acostumbrado a manejar desde muy pequeños las tecnologías y muchas veces no distinguen la realidad física de la virtual porque para ellos es todo lo mismo», ha comentado.
«Además -ha agregado-, muchas veces no tienen la formación, ni la capacidad ni la madurez necesarias, para entender los riesgos que están asumiendo al mantener determinados contactos en la red o al volcar en ella determinada información sobre ellos mismos».
«Una red que, en definitiva, lo que hace es ponerles a tiro de auténticos depredadores sexuales», ha denunciado Tejada, quien tras advertir de este «serio problema», ha alertado de que «cada vez es más frecuente» encontrar en España y en la Unión Europea «conductas de elaboración de material pornográfico infantil», cuando antes sólo se producían «delitos de distribución y posesión».
Una conducta que «se ha ido desarrollando de una forma extraordinariamente rápida» impulsada por «el desarrollo tecnológico» de los teléfonos móviles, que permiten hacer grabaciones de muy buena definición «en cualquier momento, por cualquiera y en cualquier circunstancia» sin necesidad de acudir a un estudio.
Ha citado, en este sentido, una comunicación de la Comisión Europea que, en julio de 2020, desveló que «Europa se ha convertido en el mayor distribuidor del mundo de pornografía infantil», además de constatar «un incremento de los delitos de abusos agresiones a menores para hacer este material».
Tras recordar que mientras «en 2010, en Europa se recibían unas 25.000 denuncias de abusos a menores, en 2019 se superaron las 700.000», la experta ha revelado que la Comisión Europea ya está abordando este problema, ante el que ha propuesto «medidas legislativas», además de aumentar la colaboración con las entidades internacionales que combaten estas conductas.
La fiscal ha apoyado además el reforzamiento de la labor de la Policía en este ámbito, el desarrollo de «herramientas de investigación adecuadas» como puede ser la figura del «agente encubierto online» y la puesta en marcha de «mecanismos» que permitan investigar estas situaciones pese al cada vez «más habitual el cifrado punto a punto de las comunicaciones». EFE
