El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal que las empresas Experience Store S.L y Experience Store Outlet han presentado contra el vicepresidente ejecutivo mundial y asesor general de la empresa estadounidense New Balance, Pablo R. Guaron.
Las empresas denunciantes le acusan de coacciones, de un delito contra el mercado y los consumidores por el descubrimiento y utilización en provecho propio de secretos de empresa y de un delito contra el mercado por abuso de posición dominante.
Las dos empresas españolas que suscriben la querella trabajaron desde 2016 para la matriz norteamericana desde Madrid con la misión de promocionar la marca New Balance en España y Portugal y promover la creación de decenas de tiendas y puntos de distribución.
El contrato que las vinculaba a New Balance vencía en 2021 y, según se desprende de la documentación aportada, éste se prorrogaría tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, hasta el 2026. Experience, con esa seguridad, realizó millonarias inversiones que pasaron por la compra de locales y la contratación de personal para encarar esa futura etapa de proyección de la compañía en Europa. Argumentan que, con ese desembolso efectuado, New Balance se desdice y, tras conocer la cartera de clientes y la información comercial y financiera de Experience, rompe con las empresas españolas dejando a más de 250 trabajadores en el paro.
La empresa norteamericana, según la querella, a la vista de los resultados financieros y comerciales de Experience, les ha dejado de suministrar productos (calzado y prendas deportivas), para causarles un ahogo económico que les obligase a venderles la red de distribución comercial a un precio menor. Las empresas españolas hablan de una extorsión.
El pasado viernes día 18 de marzo, el juez comunicó también a la country manager en España de New Balance, Anna Rosa Scheidgen, y su hija, la directora de Operaciones, Ángela Scheidgen, el contenido de la querella y las citaron en su condición de imputadas. El juez también comunicó su situación procesal de “investigado” al vicepresidente mundial de la compañía, Pablo R. Guaron y éste a través de sus abogados, solicitó al magistrado declarar (cuando sea finalmente citado) a través de videoconferencia. El juez se ha negado y el alto directivo de la multinacional (que tiene su sede central en Massachusetts) tendrá que venir a España para declarar.
Los delitos que se imputan en esta fase procesal a Guaron y a las otras dos imputadas podrían suponer, en caso de sentencia condenatoria, una pena de entre seis y doce años de cárcel.
