Agentes de la Policía Judicial y el Fiscal de Baleares se han personado en dependencias de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia para tomar declaración como testigos a diversos trabajadores de la empresa en relación con las diligencias de investigación que se están llevando a cabo sobre las actividades del Instituto Nóos, fundado por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según ha informado CACSA en un comunicado.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha subrayado que no se ha producido "ningún registro" en sus oficinas por parte de la Policía Judicial, a la que tampoco se ha entregado "ningún tipo" de documentación "ya que no ha sido requerida", según se indica en el comunicado.

Fuentes conocedoras de esta actuación han señalado que los agentes y el fiscal han comprobado documentación con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado que en Valencia se están practicando una serie de diligencias ordenadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca en el marco de la pieza separada y declarada secreta del 'caso Palma Arena'. La diligencias las está practicando la Policía con un fiscal desplazado desde Palma.

La Policía se interesa por contratos de la Ciudad de las Artes de Valencia con Urdangarín
Agentes de la Policía Nacional se han personado este viernes en las dependencias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) para comprobar documentación relativa a los contratos firmados por esta entidad con el Instituto Nóos, fundado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la actuación.

Los agentes desplazados a CACSA han querido ratificar con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos los documentos relativos a la relación entre el Instituto y esta entidad.

Esta actuación se produce después de que miembros de Fiscalía Anticorrupción y de Policía de Baleares hayan comenzado a tomar declaración como testigos a altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia por los pagos realizados al Instituto Nóos.

Hasta la fecha han prestado declaración el exdirector general de CACSA, Jorge Vela, actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF); y José Manuel Aguilar, también exdirector de la entidad, así como el director del Palacio de Congresos, José Salinas, todos ellos el jueves, mientras que en esta jornada declaraba el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau.

Agentes de la Policía judicial se personaron el pasado 8 de noviembre en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos.

Según informaron entonces fuentes de la Generalitat, esta relación se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

VALENCIA SUMMIT

Tal y como señalaron estas fuentes, la información facilitada a la Policía era la relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004 para la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto.

En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.

Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años, tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.