Según Muñoz, la Junta ha sido “clara en este proceso: hay que presentar una documentación que dé posibilidad a la Junta para poder ayudar a que se abra la mina, que es la voluntad de la Administración”, apuntando que nunca ha renunciado a la reapertura de Riotinto “siempre y cuando se reúnan los requisitos que la legislación establezca”.
Muñoz recordó que la mina en su proceso de liquidación “lleva intereses contrapuestos y que la Comisión Liquidadora pretende recoger los activos económicos que en su día pusieron”, rechazando entrar a valorar lo que consideró como “problemas de empresa”.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este medio, aseguran que el futuro de Riotinto no es sólo cuestión de empresas sino que es “jurídico”, puesto que tanto el derecho de explotación como la titularidad de la Unidad Industrial están siendo dirimidos en los tribunales.
Las declaraciones del delegado se producen después de que la Comisión Liquidadora de MRT comunicara a la Junta que se opone a que autoricen la actividad minera a Mantesur o a Emed tras los reiterados incumplimientos del contrato de compraventa de la Unidad Industrial, a la que se vincula la actividad minera.
Tras entrar en liquidación MRT, sus propiedades y terrenos fueron sacados a subasta pública. Mientras la Unidad Industrial -que incluye las instalaciones mineras y parte de las balsas de residuos- fueron adquiridas en subasta por Mantesur en junio de 2004, el resto de propiedades pasaron a otras manos, entre ellas el 70% de los terrenos donde se asientan las balsas y el pantano de Campofrío.
El contrato de compraventa de la Unidad Industrial incluía la obligación de Mantesur de hacerse cargo de las balsas, extremo que se explicitó un año después en otra escritura, mientras un acuerdo con los otros propietaros de las balsas dejaba en manos de Mantesur la gestión de estos residuos.
Mientras, el derecho de explotación quedaba en suspenso tras considerar la Junta que debía autorizarla como Administración competente, derecho que sigue en liza en espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto.
De hecho, la Junta se ha seguido dirigiendo a la Comisión como titular del derecho a pesar de que Mantesur había adquirido la Unidad Industrial. Tras los expedientes y sanciones por la falta de mantenimiento de las balsas, primero con Mantesur y luego con Emed, la Comisión ha pedido la nulidad del contrato mediante una demanda que fue admitida a trámite el pasado 27 de octubre, y se ha opuesto a la autorización de la actividad minera.
